Presidencia de la Nación

Orletti V: nuevas condenas a perpetua para cuatro represores

Son represores que estaban imputados en el quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.


El Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por los jueces José Michilini y Ricardo Basílico y la jueza Sabrina Namer, condenó hoy a prisión perpetua a cuatro represores que estaban imputados en el quinto juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, base operativo del Plan Cóndor en la Argentina. Las penas fueron las que habían pedido en sus alegatos el Ministerio Público Fiscal y las querellas, entre ellas la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Eduardo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Eduardo Cabanillas y Miguel Ángel Furci revistaron como personal civil -orgánicos e inorgánicos- de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Los cuatro ya tenían condenas por otros delitos de lesa humanidad. En el caso de Ruffo, el TOF 1 dispuso la inmediata detención, pero con el beneficio del arresto domiciliario. Los jueces señalaron que los hechos juzgados constituyeron “crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”.

La audiencia virtual fue transmitida desde el canal de Youtube del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema.

Automotores Orletti funcionó como centro clandestino de detención entre mayo y noviembre de 1976. Era una casa y un taller alquilado por la ex SIDE en la calle Venancio Flores 3519/3521 en el barrio de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires. El lugar había sido alquilado y acondicionado por agentes de la SIDE. Tenía dos plantas: el segundo piso estaba destinado a los interrogatorios bajo tortura.
La casa estaba operada por el grupo de Operaciones Tácticas 18 (OT18) del organismo de inteligencia en colaboración con el Batallón de Inteligencia 601, perteneciente al Primer Cuerpo de Ejército. Cabanillas se había desempeñado como segundo jefe de la OT 18. Ruffo y Furci fueron agentes orgánicos y Martínez Ruiz, inorgánico.

Este CCD fue la base principal de la llamada Operación Cóndor en Argentina, el acuerdo ilegal entre los aparatos represivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para coordinar el secuestro, el intercambio, la desaparición y el asesinato de militantes populares y líderes políticos entre los países de la región. Pasaron por allí más de 300 detenidos-desaparecidos.

Hoy Orletti es un Espacio de Memoria. Es un ámbito de investigación, difusión y construcción de la memoria del terrorismo de Estado y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en América Latina.

EL CASO DE LOS HERMANOS JULIEN-GRISONAS.

Los casos que se trataron en este tramo del juicio fueron los referidos a víctimas de nacionalidad argentina, uruguaya y cubana. Se analizaron los homicidios de María Rosa Clementi de Cancere, Edgardo Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández. El homicidio de Carlos Híber Santucho. Los tormentos de Rosa María Zlachevsky, Judith Jacubovich y María Rosa Clementi de Cancere. Los homicidios, secuestros y tormentos de Orlinda Brenda Falero Ferrari, José Luis Muñoz Barbachán, Rosa María Zlachevsky y Judith Jacubovich.
El secuestro y tormentos de Rosa María Zlachevsky y Judith Jacubovich. Los secuestros y tormentos de Orlinda Brenda Falero Ferrari, José Luis Muñoz Barbachán, Rosa María Zlachevsky y Judith Jacubovich. Por el secuestro, tormento y homicidio de Ricardo Manuel González, Cabanillas fue absuelto por el beneficio de la duda.
También se juzgaron los secuestros, tormentos, ocultación y retención de los niños uruguayos Anatole Boris Julien Grisonas y Victoria Eva Julien Grisonas (cuyos nombres actuales son Anatole y Victoria Larrabeiti Yáñez), hijos de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite.

Los acusados ya fueron condenados en los juicios anteriores de la causa “Automotores Orletti”/“Plan Cóndor”, y también en la causa conocida como “Plan Sistemático”, pero en este juicio tuvieron que responder por delitos específicos por los que no habían sido juzgados hasta ahora.

Mario Roger Julien Cáceres había escapado del golpe de Estado en Uruguay y estaba refugiado en la Argentina desde 1973. Un año después, se sumó su mujer y el primer hijo de ambos, Anatole Boris. La pareja militaba en el Partido por la Victoria del Pueblo. Victoria Eva nació en Buenos Aires en 1975. El 26 de septiembre de 1976, la familia fue secuestrada de su casa en el partido de San Martín luego de un operativo a cargo de la SIDE, de la Policía Federal y de personal del Ejército. Mario Julien fue asesinado y su cuerpo, por haber sido enterrado de manera clandestina, aún no pudo ser identificado.
Victoria Lucía fue detenida ilegalmente y llevada a Orletti con sus hijos. Anatole y Victoria tenían en ese momento cuatro años y 16 meses, respectivamente. Estuvieron en Orletti hasta octubre y luego los llevaron de manera clandestina a Montevideo, a la sede del Servicio de Información de Defensa. En diciembre los trasladaron a Chile y los abandonaron en la plaza O´Higgins de Valparaíso. Pasaron por orfanatos y fueron dados en adopción al matrimonio Larrabeiti Yáñez, que los adoptó de buena fe.

Finalmente, sus abuelas biológicas, particularmente, la señora María Angélica Cáceres de Julien, dieron con el paradero de los hermanos en julio de 1979: consintieron la adopción y acordaron mantener vínculos entre las familias. Fueron los primeros chicos que recuperaron su identidad mientras todavía regían las dictaduras argentina, uruguaya y chilena.
Los delitos específicos de secuestros, tormentos, ocultación y retención de los hermanos Julien Grisonas se juzgaron por primera vez en este juicio, aunque su desaparición forzada ya había sido analizada previamente en el histórico proceso conocido como “Plan Sistemático”.

Con esta sentencia, además, el Estado argentino avanza en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de juzgamiento y condena de los crímenes contra la humanidad, en línea con una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el marco de una petición internacional por este caso había instado a “investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas y los delitos que se cometieron en perjuicio de sus hijos”.

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