La jueza Cecilia Mólica Lourido resolvió hacer lugar a una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que extreme los recaudos a fin de corroborar que, ante la presencia de personas en situación de calle, se dé estricto y cabal cumplimiento a los protocolos y lineamientos internos que rigen la actuación de las dependencias involucradas en los operativos que realicen los agentes que intervengan en ellos.
Según la jueza, “la gravedad de los hechos denunciados, que involucran como presunto afectado al grupo especialmente vulnerable que conforman las personas en situación de calle, exige adoptar medidas acordes”.

En ese sentido, dispuso que no puede realizarse ningún operativo contra personas en situación de calle sin la presencia del personal del programa Buenos Aires Presente (BAP), que depende de Desarrollo Humano y no de Higiene, como sucede en los operativos denunciados.
Asimismo, respecto al robo de pertenencias que denunció la Secretaría de Derechos Humanos, la magistrada resolvió que “si al momento del operativo, se encuentran individuos que manifiestan ser titulares de los objetos voluminosos existentes en la vía pública, éstos no se retiran y se dejan en posesión de las respectivas personas titulares”, y que los operarios y vehículos que participan de un operativo deben estar debidamente uniformados e identificados.
Al hacer lugar a la medida cautelar peticionada, la magistrada advirtió que en su respuesta, el Gobierno de la Ciudad no había hecho ninguna referencia a los videos y las fotos en donde se muestra la violencia contra las personas en situación de calle.
“Espero que después de este fallo se terminen los episodios de violencia en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle y se puedan pensar políticas de inclusión y derechos, que es lo que hace falta”, expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.