Operativo de atención y asesoramiento a la comunidad senegalesa en el Espacio para la Memoria “Automotores Orletti”

La acción fue llevada a cabo por los Centros de Acceso a Justicia (CAJ), la Defensoría General de la Nación y la Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados, y contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.


Trabajadores/as de los Centros de Acceso a Justicia junto a la Defensoría General de la Nación, la Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados y la Dirección Nacional de Sitios de Memoria realizaron, el pasado miércoles 30 de septiembre, un operativo de atención y asesoramiento legal y social para migrantes de países africanos que se acercaron al Espacio para la Memoria “Automotores Orletti”.

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“Es el primer operativo que realizamos con esta comunidad migrante que es muy importante en el área metropolitana y que sufre múltiples vulneraciones a sus derechos y violencia institucional, desde persecuciones policiales, razia, imposibilidades para poder desarrollar tranquilamente sus trabajos, cuestiones vinculadas a la regularización migratoria y al acceso a la salud”, afirmó Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Los Centros de Acceso a Justicia trabajan diariamente para transformar la realidad de las personas con problemas para acceder a sus derechos. En esta oportunidad, no solo se brindó información a más de 200 migrantes senegaleses que contaron con traductores, sino que también se recibieron consultas de vecinos y vecinas del barrio de Floresta provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y también Argentina. Durante la itinerancia se registraron unas 97 consultas referidas a temas de violencia institucional, de género, discriminación, acceso a documentación, seguridad social, derecho a la salud, entre otras temáticas.

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En este sentido, la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia Gabriela Carpineti destacó la vocación del Estado Nacional en el trabajo que realiza “codo a codo” con la comunidad senegalesa para poder resolver sus problemáticas y así poder vivir en nuestro país con dignidad. “Necesitan poder trabajar con derechos, no ser perseguidos y para eso está Acceso a la Justicia, para visibilizar la vida de estos trabajadores y trabajadoras de origen africano en nuestra ciudad, que hasta el año pasado ni siquiera eran reconocidas por los censos”, enfatizó Carpineti.

En esta misma línea, Carlos Álvarez Nazareno, Director Nacional de Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que muchas denuncias que se recibieron fueron por violencia institucional, policial y racista, particularmente de la ciudad de Buenos Aires. A su vez explicó la situación en la cual se encuentra la comunidad, en su mayoría vendedores ambulantes que tienen causas por la ley de marcas, por resistencia a la autoridad y son discriminados por su color de piel o por no hablar correctamente el castellano. “Estamos intentando transversalizar las políticas públicas con un carácter étnico racial y sobre todo antirracista. Argentina ha sido un país muy solidario con todas las migraciones. En este momento creemos que la migración de origen africano también tiene que ser atendida con el mismo respeto, empatía e igualdad y por eso estos operativos intentan dar respuesta a esas situaciones”, reflexionó Carlos Álvarez Nazareno.

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La jornada contó con la participación de Jackson Gueye, vicepresidente de Actos, Colectivo Senegalés en Argentina, quien detalló sobre las dificultades con las que se que encuentran para poder trabajar y mantener a sus familias durante la pandemia. “Queremos tener nuestros documentos para trabajar como corresponde, para mejorar el país porque nosotros somos de acá, vivimos acá y aunque somos negros, somos argentinos y amamos el país. Vinimos acá para mejorar nuestra vida, nuestra vida de familia también, por eso vinimos acá”, reclamó Gueye.

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En este contexto de pandemia, los Centros de Acceso a Justicia junto a la Secretaría de Derechos Humanos diseñaron diferentes estrategias para poder llevar distintos operativos a barrios donde se encuentran particularmente las poblaciones de migrantes y refugiados/as, no solo de la ciudad de Buenos Aires sino también de todo el país.

Cabe destacar que el operativo se realizó en el predio donde funcionó un antiguo taller de automotores y vivienda familiar que fue alquilado y acondicionado por agentes de la SIDE y la Superintendencia de Policía Federal entre mayo y noviembre de 1976. Allí se coordinaba la represión ilegal de militantes —especialmente los de origen extranjero que habían encontrado refugio en la Argentina— con los servicios de inteligencia de los países integrantes del Plan Cóndor. A principio de los años 80, el inmueble volvió a funcionar como taller mecánico y vivienda. En la década del 90 se instaló en la casa un taller clandestino de costura en la que trabajadores y trabajadoras estaban sometidas a condiciones de esclavitud.

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En 2006, como consecuencia de la lucha de los organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes y vecinos, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró la expropiación del inmueble y la recuperación del espacio se concretó en 2009. Hoy, “Automotores Orletti” forma parte de la red de Sitios de Memoria y funciona como un espacio de encuentro donde se realizan diferentes actividades culturales relacionadas con la memoria, el arte y los Derechos Humanos. Allí también se alojan desde 2019 las oficinas del Centro de Acceso a Justicia Floresta.

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Ricardo Maggio, coordinador del Espacio para la Memoria ex CCDTyE “Automotores Orletti”, expresó que la comunidad senegalesa encontró un refugio frente a la persecución policial, dado que por tratarse de un espacio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Policía Metropolitana no puede ingresar. A partir de esa relación nació la iniciativa con migrantes de Venezuela, México y Colombia de armar una escuelita donde se dictan clases de español dos veces por semana y a la que asisten más de 60 migrantes senegaleses.

Este mismo lugar de tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar y de esclavitud a cientos de trabajadores/as extranjeros/as durante los 90 y buena parte de los 2000, hoy se convierte en un espacio dónde el Estado Nacional garantiza los derechos que fueron vulnerados.