La reunión se realizó el pasado 20 de mayo en la sede de la Oficina Anticorrupción (OA) y contó con la presencia de representantes de las organizaciones que integran el Observatorio de Políticas de Integridad (OPI), de autoridades de la Oficina Nacional de Contrataciones y de Marcos Serrano, director de la Especialización en Contrataciones Públicas de la Universidad Austral.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la titular de la OA, Gabriela Zangaro, quien enfatizó en la importancia del OPI como un espacio de participación plural, técnica e interinstitucional, resaltando que este espacio constituye una herramienta fundamental para el fortalecimiento de las políticas públicas de integridad y transparencia. Por su parte, la directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Carina Larocca, destacó el compromiso de la Oficina con la continuidad de las acciones impulsadas por el Observatorio, así como el trabajo sostenido y activo que se viene desarrollando desde su creación.

A continuación, se realizó un repaso del régimen de conflicto de intereses en las contrataciones públicas, así como de las necesidades y oportunidades de mejora del Decreto 202/2017 abordadas en la última reunión del Observatorio.

En su exposición, Serrano señaló la necesidad de introducir ajustes en la regulación a fin de simplificar el régimen y fortalecer su eficacia y operatividad, evitando generar cargas burocráticas que puedan ralentizar los procesos de contratación pública. Asimismo, destacó la importancia de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas que, en una primera etapa, permitan verificar la veracidad y consistencia de los vínculos declarados, así como detectar posibles omisiones y, posteriormente, posibiliten la detección automatizada de conflictos de intereses mediante el entrecruzamiento de información proveniente de bases de datos públicas. En ese sentido, resaltó experiencias desarrolladas en países de la región vinculadas al uso de herramientas de explotación de datos e inteligencia artificial.

Por su parte, la directora de Asuntos Públicos de la Fundación Poder Ciudadano, Inés Castresana, coincidió con los planteos formulados por Marcos Serrano y, además de compartir la necesidad de introducir modificaciones normativas al régimen, subrayó la importancia de fortalecer y normalizar la publicidad de los expedientes en los que se declaran vínculos de interés, a fin de garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad a la información.

Luego de las exposiciones, se abrió un espacio de intercambio con los miembros del OPI, en el que se compartieron aportes y consideraciones vinculadas con la mejora del régimen normativo y de su implementación práctica, así como propuestas orientadas a fortalecer la transparencia, la prevención de conflictos de intereses y la articulación institucional.

El Observatorio de Políticas de Integridad (OPI) es un espacio de participación intersectorial e interinstitucional destinado a contribuir en el diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas sobre integridad y transparencia, como así también a fortalecer la articulación y sinergia entre los distintos organismos del estado nacional, la sociedad civil y otras instituciones relevantes en esta materia. En el OPI están representadas organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto se relaciona con las políticas anticorrupción, universidades y otras instituciones académicas, así como cámaras, consejos profesionales u otras organizaciones del sector privado que ─en el marco de sus actividades─ interactúen o se vinculen con el Estado nacional.

Participaron de la reunión las siguientes instituciones que conforman el Observatorio: Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Centro de Estudios Anticorrupción del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés (UDESA), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Bs.As. (CPCE), Directorio Legislativo, Fundación Poder Ciudadano, el Observatorio de la Contratación Pública y el Departamento de Derecho Administrativo, ambos de la Universidad Austral.

Además, se contó con la presencia de la directora nacional de contrataciones de bienes y servicios, Verónica Montes y del director de elaboración e interpretación normativa de contrataciones de bienes y servicios, Hernán Pagella, ambos funcionarios de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).