Nueva jornada sobre Delito Complejo y Políticas de Seguridad en la Pospandemia: “la trata de personas con fines de explotación”

La subsecretaria de Formación y Carrera, Karina Mouzo, junto con el rector del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, Mariano Melotto, encabezó la quinta jornada sobre Delito Complejo y Políticas de Seguridad en la Pospandemia que se organiza con los distintos institutos de formación de las Fuerzas Federales de Seguridad.


Este quinto encuentro, además, contó con la participación de Marcos Parera, secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Aldana Romano, directora Ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; Ignacio Andrioli, subdirector ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; y Cecilia Varela, doctora por la Universidad de Buenos Aires con mención en Antropología social e investigadora adjunta del CONICET.

El rector Melotto abrió el espacio de las exposiciones aludiendo a la trata de personas como: “un delito complejo que afecta de manera directa derechos humanos fundamentales como la libertad, la integridad física, psicológica y la vida de las personas”. Luego, agregó: “las víctimas de trata pertenecen mayoritariamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Consideramos de vital importancia visibilizar este delito federal tanto en la agenda académica como en las políticas públicas de la Seguridad Federal”.

Tras ello, Marcos Parera, que quien forma parte de la Secretaría Técnica de la Red de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, expuso sobre el delito complejo en el actual contexto de pandemia. Enfatizó en que la trata de personas no es un fenómeno estrictamente penal y que “si se lo aborda de esa manera estamos condenados al fracaso”. “La trata es un fenómeno, además, social, cultural y, principalmente, económico”, sentenció.

Seguidamente, Aldana Romano e Ignacio Andrioli centraron su exposición, que se realizó de manera virtual, en los resultados de una investigación reciente sobre la política de persecución penal de la trata de personas con fines de explotación sexual en nuestro país. Ésta se basó en 55 sentencias emitidas por Juzgados Federales de las provincias de Buenos Aires, Chubut, La Pampa y Santa Fe. Se identificaron 262 víctimas y 119 imputados. Como dato relevante, enfatizaron que la mayoría de las sentencias e investigaciones se originaron a partir de denuncias y que el 65% de los lugares donde se perpetuaba el delito era de carácter público. Otro dato saliente que compartieron fue que de las 242 víctimas, del 75% se desconocía la información sobre su captación y que el 86% fue engañada sobre la actividad o sobre las condiciones de la misma.

Cecilia Varela, quien ha dictado cursos de posgrado en Universidades Nacionales como la UNR o la UNSaM sobre prostitución, feminismos y trata de personas con fines de comercio sexual, expuso sobre las contradicciones, ambigüedades y efectos indeseados de las políticas anti-trata que se desprenden de dos investigaciones encabezadas por la propia Varela: una de ellas, justamente, sobre las políticas anti-trata entre los años 2009 y 2015 y, la otra, un trabajo de campo con mujeres cis que practican sexo comercial en diferentes modalidades puertas adentro. “Quiero ubicar una paraoja en torno a quienes consideramos víctimas y a quienes victimarios del delito. Mi visión no es que deberíamos considerar un lado o el otro, sino, en la lógica de las burocracias judiciales, qué es lo que efectivamente es procesado como tal. El concepto de trata se torna bastante amplio y las personas aún con su consentimiento son consideradas víctimas”, aseguró.

La subsecretaria Mouzo afirmó que: “la idea de estas jornadas es la de abrir las puertas del Ministerio a debates múltiples, a miradas diversas y a la posibilidad de reflexionar sobre el delito complejo, que para nosotros es una temática por demás relevante. En las ediciones anteriores abordamos los problemas de los delitos ambientales, tecnológicos, la problemática de la política de drogas”. Estas jornadas, precisamente, van ampliando los marcos de atención del Ministerio e Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic, como modo de actualización sobre problemáticas que requieren un fuerte intercambio entre la gestión pública y la producción científica. Es en esa articulación donde se vuelve relevante, posible y necesaria la generación de políticas públicas serias para una Cartera que procura promover la seguridad como un derecho que alcance a toda la población.