El titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) brindó detalles de las modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo. Remarcó la aspiración de lograr un sistema solidario y sustentable que genere certidumbre jurídica. Fue en el marco de un encuentro organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

El superintendente destacó los principales objetivos que la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) persigue. Entre ellas, la disminución de la litigiosidad ante siniestros laborales, la mejora en la inmediatez de las prestaciones dinerarias y en especie y la implementación de un Autoseguro Público Provincial, que incorpore a alrededor de un millón de trabajadores públicos que aún no están cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo.

“Empieza otra etapa del sistema de riesgos del trabajo; una etapa en donde el rol de las Comisiones Médicas es fundamental y en el que las provincias también son protagonistas porque vamos a necesitar de su adhesión para que la ley cumpla su objetivo: el de garantizar los derechos de los trabajadores y el de reducir la cantidad de juicios que hay contra el sistema a pesar de que cada año que pasa hay menos accidentes y menos muertes por accidentes laborales”, aseguró el superintendente Morón.

Al respecto, reafirmó el papel central que cumplirán las Comisiones Médicas a partir del 1 de marzo, en la resolución de los reclamos de un trabajador y reducción de la judicialidad de los accidentes laborales, “Nuestro objetivo es que, a partir de esa fecha, estén funcionando de manera óptima y eficiente”, dijo Morón.

En este sentido, la SRT encaró un proceso de reingeniería de los trámites en las comisiones médicas. Para esto, desde el organismo se decidió la descentralización de las mismas hacia localidades claves del Gran Buenos Aires: Lanús, Ramos Mejía, Quilmes, Ezeiza, Morón, San Martín, San Isidro, Pilar y Lujan.

Morón también consideró como “clave” la adhesión de las provincias a la nueva Ley, al tiempo que instó a los presentes (miembros de empresas socias de IDEA; directores, gerentes y máximos referentes del área de Recursos Humanos) a colaborar en la detección de “acciones fraudulentas” en contra del sistema de riesgos del Trabajo.

“Los fondos aportados al sistema tienen que servir para financiar los riesgos del trabajo, para bajar las alícuotas a las empresas, para generar previsibilidad, inversiones y crear nuevos empleos”, destacó.

Acompañado por el gerente general de la SRT, Guillermo Arancibia, Morón agregó que el organismo está trabajando en un proyecto de ley de prevención, el cual será puesto a consideración, oportunamente, de los actores involucrados.