Lo acompañó la Directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Carina Larocca. La moderación estuvo a cargo de Diego Martínez, Codirector de la Comisión de Compliance & Sector Público AAEC y profesor de la Diplomatura en Gobierno Corporativo, Compliance y Control en UdeSA.

En su participación, Blanco se refirió al desafío profesional que implica liderar un organismo de control y cómo lleva adelante sus responsabilidades a diario en función de los objetivos de gobierno propuestos por el Presidente de la Nación, Javier Milei.

En base a su experiencia como auditor interno y en la producción y desarrollo de normas de auditoría, calificó a la SIGEN como una entidad “sumamente profesional” y remarcó la actividad que realiza el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP) que funciona bajo su órbita, y subrayó que es “un espacio a donde van a capacitarse funcionarios de otros organismos del sector público”.

En relación a las tareas de control que ejerce la institución, específicamente mencionó los principales hallazgos que se reiteran en los informes de auditoría elaborados periódicamente. Sobre estas temáticas comunes enumeró cuatro puntos: “falta de rendición de cuentas, préstamos y aportes no reintegrables que no fueron aplicados a su propósito, que nunca se cobran o recuperan, desactualización del sistema informático y falta de evaluación del impacto de los programas”.

Más allá de los requerimientos técnicos para ser un buen auditor interno, fundamentalmente destacó: “independencia del auditado, conocimientos de derecho administrativo y conocimientos contable y financiero”. Además resaltó la implementación de “la rotación como factor clave para evitar desvíos”.

Finalmente, como eje central puntualizó que “en diciembre 2023, a través del Decreto 126/23, el Presidente nos encargó un relevamiento de la situación del control interno en todos los organismos del sector público. Ese decreto fue el inicio de nuestra gestión, presentamos ese documento en 60 días y es un informe que mencionó en su primer discurso inaugural".

La actividad fue organizada por la Asociación Argentina de Ética y Compliance y el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés (UdeSA), y se desarrolló en modalidad híbrida. La jornada reunió referentes del sector público, privado y académico.