La Directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D´Alessandro, participó esta tarde en el conversatorio “Gestión Menstrual”, organizado por la Cámara de Diputados entrerriana. En este marco, se realizó la presentación del Proyecto de Ley “Garantizar y reconocer el derecho al acceso igualitario de la gestión menstrual en condiciones dignas de higiene y salud en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos”.

Durante su intervención, la Directora destacó el trabajo realizado a partir del año pasado para garantizar lo que se denominó “justicia menstrual” a partir de “una mesa de trabajo en donde participaron alrededor de 40 compañeras de ministerios de gobierno nacional, de la red de concejalas en municipios, y diputadas y senadoras para movilizar esta agenda”. En este sentido, D’Alessandro precisó que actualmente en el Congreso hay 14 proyectos de ley presentados sobre el tema y agregó que “existían iniciativas previas, pero ahora se impulsaron con más fuerza”.

Por otro lado, la Directora analizó el problema económico que representa para las mujeres adquirir productos para la gestión menstrual al señalar que “comprar toallitas y tampones sale entre $2000 y $4000 anuales” y que “por ahí parece poco, pero hoy una AUH es más o menos eso”. “Cuando pensamos en personas de ingresos bajos, vemos que se va una AUH entera por año. No es tan poca cosa cuando lo ponemos en esa perspectiva, teniendo en cuenta que es un gasto que no es optativo para las mujeres”, analizó.

En este sentido, D’Alessandro aseguró que uno de los ejes de la justicia menstrual “tiene que ver con disminuir los costos de su gestión, ya sea mediante la eliminación de IVA o reintegros y analizar aquellos factores que generan distorsión. De esta manera, manifestó que esta situación “significa que las mujeres están pagando un impuesto por la menstruación; un impuesto biológico que las mujeres pagan porque les sucede”.

Asimismo, D’Alessandro analizó la relación entre medio ambiente / trabajo al sostener que “tenemos una cuestión que es apoyar el tránsito de productos de gestión menstrual que sean menos contaminantes y que tengan un menor impacto ambiental”. “Hay compañeras que trabajan en cooperativas textiles y que están produciendo toallitas de tela reciclables, que permitan lavarse. Esto da trabajo, empodera a las mujeres en su autonomía económica y genera lazos de trabajo entre ellas para salir adelante”, agregó.

A su turno, Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que “estamos transitando un proceso virtuoso del fortalecimiento del derecho de las mujeres” y que “la temática de hoy tiene que ver con un derecho y con comprender”. “Este proyecto de ley tiene que aprobarse. En la práctica no acceder a los insumos de una situación natural genera inequidad y desigualdad. Es importante tener una legislación que garantice el acceso gratuito, sobre todo a las gestantes más vulnerables”, concluyó.

En tanto, Mariana Farfan, diputada y presidenta de la comisión de la banca de las mujeres, géneros y diversidad celebró el trabajo “de todas las diputadas y diputados que apoyaron este proyecto de ley porque es un reconocimiento de que hay un montón de mujeres que tienen dolores, molestias, problemas y se desconcentran”. “Es decir, tiene un impacto muy importante en la salud”, agregó.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Cámara y autora del proyecto de ley, Silvia Moreno, agradeció a los presentes y remarcó que “hoy hay un Estado nacional y provincial que nos permiten avanzar en todas estas políticas públicas que tenemos que visibilizar y desconstruir día a día”. Asimismo, la diputada Carina Ramos, co-autora del proyecto agregó que “este trabajo que se viene haciendo en el territorio nacional, que se replica en las provincias, y de forma articulada es sumamente importante porque establece más que nada una macro y reconoce el derecho al acceso igualitario a elementos de gestión menstrual”.

Finalmente, la doctora Victoria Iglesias afirmó que “la implementación de esta ley nos va a permitir visibilizar y normalizar la menstruación; tener el derecho de todas las personas menstruantes a tener acceso a los productos de manera digna, segura para su salud y reivindicar la naturaleza de la menstruación”.