En Mendoza, el ministro Carlos Tomada, acompañado por el gobernador Francisco Pérez, encabezó la reunión con los ministros de Trabajo provinciales en el marco del Consejo Federal del Trabajo. “La calidad del empleo nos interpela valores como la libertad, la no discriminación, y la seguridad en el trabajo”, afirmó Tomada. A su vez, el titular de la cartera laboral y el Gobernador firmaron convenios para fomentar el empleo en la región.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acompañado por el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, encabezó el acto de apertura de la Reunión Plenaria número 88ª del Consejo Federal del Trabajo, presidido actualmente por el titular de la cartera laboral bonaerense, Oscar Cuartango, y que reúne a todos los ministros de trabajo provinciales para debatir acerca de la actualidad del empleo.

En el inicio de su intervención, Tomada hizo hincapié en la preocupación constante del Gobierno nacional por la calidad del empleo. “Debe tener la dimensión federal que necesitan todas las políticas públicas”, afirmó, y expresó que “la calidad del empleo nos interpela valores como la libertad, la no discriminación, y la seguridad en el trabajo”.

A su vez, agregó que “una sociedad que apunta a ser cada día más justa y más libre no sólo debe ocuparse del trabajo no registrado sino también poner temas sobre la mesa como la violencia laboral, la equidad de género, las adicciones en los lugares de trabajo, la responsabilidad social empresaria, la formación sindical y la diversidad sexual. Estos temas también son parte del debate sobre la calidad del trabajo”.

El ministro también hizo referencia a los últimos hechos internacionales relevantes para la Argentina en materia laboral. Allí explicó que en la última reunión de la OIT en Ginebra “se puso por primera vez en cuestión el derecho de huelga. Eso nos demuestra que los derechos obtenidos hay que defenderlos todo los días”. “Quedó demostrado que en la Argentina el derecho de huelga está garantizado, como también existe plena vigencia de la conciliación obligatoria”, subrayó.

Por último, indicó que en la última reunión del G20 se destacó a la Argentina en materia de inspección laboral, negociación colectiva y protección social. En el marco del CFT, Tomada y Pérez firmaron convenios sobre trata y población transexual, prevención de adicciones e inserción laboral, entre otros. El convenio sobre Trata y población Transexual tiene por objetivo la reinserción laboral y social de personas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, e intersexuales)

y mujeres en situación de violencia doméstica prostitución y trata.

La rúbrica sobre adicciones apunta a la inclusión social y laboral de personas en situación de desempleo que se encuentren en tratamiento por adicciones. Por último el convenio relacionado con el programa Buena Cosecha implica la ampliación de cupos para los centros socioeducativos del programa.

También estuvieron presentes el subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Nación, Guillermo Navone; el coordinador de Apoyo a la Formación Sindical del Ministerio de Trabajo, Ricardo Gringras;

el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola; la coordinadora de Políticas de Prevención de Adicciones y del Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Drogas con impacto en el Mundo del Trabajo (CoPreAd), Lucía García; la coordinadora de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, Cristina Antúnez; la coordinadora de Responsabilidad Empresaria y Trabajo Decente,

Nidya Neer; la titular de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL), Patricia Sáenz; la responsable del Área Trabajo y Diversidad Sexual, Matilde Garuti; el ministro provincial de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, y la titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), María Inés Abrille de Vollmer.

El Consejo Federal es un organismo conformado por los ministros de Trabajo de todo el país que tiene por objetivo fortalecer las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias.