El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmaron hoy un convenio con el objetivo de coordinar acciones tendientes a la promoción de la inserción laboral y social de las personas privadas de la libertad, como así también para mejorar sus condiciones de empleabilidad, y desarrollar entrenamiento laboral en el marco de los programas Línea de Entrenamiento en el Sector Público y de Entrenamiento en Instituciones Sin Fines de Lucro; y de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO).

Durante el acto, en el que participó la viceministra de Trabajo, Noemí Rial; el secretario de Empleo, Matías Barroetaveña,y el titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO), Julián Axat; Tomada destacó la importancia de la articulación entre los distintos organismos del Estado “cuando se trata de dar respuestas concretas a la sociedad porque elciudadano quiere una sola ventanilla donde hacer sus reclamos y trámites”.

Al referirse al convenio, Tomada sostuvo que “va en dirección a aumentar la empleabilidad de las personas privadas de su libertad y sus posibilidades de acceso a un empleo, sus competencias a partir del aprendizaje de un oficio”. Luego indicó que “las organizaciones sindicales, a través de los centros de formación profesional, contribuyen con la capacitación de los privados de la libertad”. Y, además, el convenio contribuye a facilitarle el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables, más débiles, a través de los Centros de Acceso a la Justicia. Al finalizar, Tomada expresó que “un acceso igualitario a la justicia y al trabajo es más democracia para todos”.

Por su parte, Gils Carbó subrayó que “venimos desarrollando nueva forma de trabajo, fortaleciendo al Ministerio Público porque necesitamos fiscales que estén en contacto con la gente, que el convenio le permite al que sale de la cárcel tener un oficio y capacitarse. Eso ayuda a reducir la inseguridad”.

Barroetaveña indicó que el Ministerio de Trabajo “realiza un fuerte trabajo en la ciudad de Buenos Aires, firmó convenios con 17 provincias y el Servicio Federal e impulsa el Seguro de Capacitación y Empleo para cuando las personas recuperen la libertad puedan acceder a las distintas políticas de empleo”.

El Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público Fiscal de la Nación rubricaron un acuerdo en el que concuerdan realizar acciones conjuntas con intervención de las fiscalías, unidades especiales, procuradurías, programas y áreas técnicas, a los efectos de desarrollar actividades y proyectos conjuntos para la promoción de la inserción laboral y social de las personas condenadas por la comisión de delitos, como así también de la mejora de las condiciones de empleabilidad de este colectivo. Ello, mediante el acceso a la oferta de programas de capacitación y formación profesional, así como a todas las propuestas que, en general, propicien la disminución de la vulnerabilidad de quienes han mantenido alguna clase de conflicto con la ley.

Asimismo, también se firmó un acta complementaria en la cual se acuerda la cooperación y la asistencia para desarrollar actividades y proyectos en el marco del Programa ATAJO, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial.