En ese sentido, la ministra sostuvo: “María Ovando fue juzgada dos veces injustamente por ser mujer, por ser pobre y por no cumplir con el mandato de la maternidad. Vine a Misiones a expresarle mi acompañamiento y a pedir su excarcelación". Asimismo, expresó: “María no está sola. El movimiento feminista de derechos humanos de Misiones la acompaña; este Ministerio, también". Por último, dijo: "Es urgente y necesario contar con una justicia con perspectiva de género y derechos humanos. Por María Ovando y por todas las Marías que hay en nuestro país".

En este sentido el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), en calidad de amicus curiae en el caso, pidió la excarcelación de María Ovando, ya que enfrenta una prisión preventiva injusta, que va en contra de estándares constitucionales e internacionales en materia de derecho penal, derechos humanos y derechos de las mujeres.

El pedido del MMGyD se funda en varios motivos. En primer lugar, no hay sentencia firme. La prisión preventiva es una medida excepcional y, en este caso, no se cumplen los requisitos para sostenerla porque no hay ningún indicio de que María pueda entorpecer el proceso judicial o fugarse. Ovando siempre estuvo a derecho.

Por otro lado, María está en delicado estado de salud que se agrava a causa del encierro, donde no están dadas las condiciones para que reciba un tratamiento adecuado. Además, se encuentra a más de 200 kilómetros de su casa, alejada de su familia, lo que es una barrera para que pueda estar acompañada, recibir visitas y tratamiento médico. En virtud de esta situación el MMGyD solicitó como medida alternativa a la excarcelación, la prisión domiciliaria.

En el escrito, también, se recuerda al Poder Judicial la obligación de valorar la prueba y analizar el caso con perspectiva de género en función de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino. Esto implica considerar la historia de vulneraciones que sufrió María desde su infancia y a lo largo de su vida que evidencia alarmantes niveles de exclusión y marginalidad.

Ovando fue juzgada en 2011 bajo el argumento de no haber evitado la muerte de su hija de tres años, fallecida por desnutrición. Las condiciones de vida de María y su familia de 12 hijas e hijos eran de extrema pobreza; ella no contaba con trabajo formal ni percibía ninguna asistencia del Estado. Por la muerte de su hija, estuvo presa veinte meses y en noviembre de 2012 fue finalmente absuelta por el Tribunal Penal de Eldorado, en Misiones. Ocho años más tarde, en octubre de 2020, la mujer fue sentenciada a 20 años de prisión por encontrarla culpable de no haber impedido el abuso sexual de dos de sus hijas, en una investigación sin perspectiva de género y en base a pruebas fuertemente cuestionadas. La resolución fue apelada ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Actualmente, se encuentra detenida en el Unidad Penal V del Servicio Penitenciario de la Provincia de Misiones cumpliendo una prisión preventiva sin sentencia firme.

Acompañaron a la ministra Mazzina, Erica Laporte, titular de la Unidad de Gabinete de Asesorxs; la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; y la directora Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Casos de Violencia por Razones de Género, Florencia Sotelo.