Más transparencia en la selección de magistrados


Los cambios en los estándares para elegir jueces publicados en el Boletín Oficial alcanzan a los integrantes del fuero federal y de la Corte Suprema de Justicia.

Con el fin de incrementar los estándares impuestos para evaluar la selección de nuevos magistrados, el Gobierno nacional modificó los decretos 222/03 y 558/03 y aumentó los requerimientos para elegir a los jueces federales y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Los nuevos requisitos alcanzan a las 14 ternas que actualmente están en el ámbito del Poder Ejecutivo y que todavía no llegaron para su análisis al Senado.

Entre los principales cambios se dispuso ampliar el contenido del informe que realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en torno al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos. Esa presentación deberá incluir ahora un detalle de la situación patrimonial de los postulantes, detectando irregularidades o inconsistencias.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, explicó al respecto que “proponemos un análisis más profundo para saber si hay inconsistencias”.
El funcionario indicó que “si el día de mañana hay sospechas, vamos a tener una radiografía de los jueces respecto a sus bienes, sus propiedades y sus consumos, y entonces el presidente tendrá un panorama exhaustivo y claro a la hora de elegir qué candidato de la terna decide nominar”.

El aspirante al cargo deberá por su parte prestar conformidad para que la AFIP elabore el informe, que tendrá carácter de reservado y sólo podrá ser utilizado para la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo.

Asimismo el Ministerio de Justicia podrá realizar consultas a organismos especializados sobre las declaraciones juradas y la información brindada por la AFIP.

Los candidatos ternados deberán a su vez presentar otra declaración, que indique la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que hubieren pertenecido, y la nómina de sus clientes o contratistas durante al menos ese mismo lapso.

En la misma línea, deberán indicar cualquier tipo de compromiso o actividad propia o de sus familiares que pudiera afectar su imparcialidad de criterio.

Consejo de la Magistratura
Por otra parte el Gobierno también propicia modificar la Ley del Consejo de la Magistratura, con el fin de lograr una mayor publicidad, transparencia y control ciudadano de los concursos, implementando la transmisión online de las distintas instancias y con exámenes exclusivamente orales.

Las reformas procuran mejorar la formación y capacitación de los magistrados, por lo que prevé requerir a los aspirantes, a los jueces elegidos y a los magistrados en funciones, al menos 40 horas de capacitación anual obligatoria.

La iniciativa persigue también una mayor celeridad en el procedimiento de selección, mediante la reducción de los tiempos de tramitación de los concursos y del número de integrantes de los jurados. Se propone que sean 3 (un profesor de derecho, un juez y un abogado de matrícula federal) y que se elijan mediante sorteos públicos.

En cuanto a los magistrados subrogantes, se proyecta eliminar de las atribuciones de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, la intervención en el proceso de nombramiento, en sintonía con la recientemente sancionada Ley de Subrogancias.