En primer lugar, remarcó “el vínculo sustancial que existe entre la legitimidad democrática y la lucha contra la corrupción de las cuales la ética en el ejercicio de la función pública es un pilar fundamental”. Además, señaló que “la de 1999 fue una buena ley para la época, muy ponderada entonces en la región, pero que ha tenido una implementación errática en los distintos poderes del Estado, que sufrió una reforma parcial negativa en 2013 y que merece una actualización”.

“Este proyecto de ley regula, de manera integral y uniforme, la ética en el ejercicio de la función pública, para todos los poderes del. Prevé normas específicamente aplicables tanto al Poder Ejecutivo, como al Legislativo, al Judicial y al Ministerio Público, destacando la naturaleza diferenciada de cada uno pero entendiendo que hay cuestiones comunes a todos los funcionarios públicos”, apuntó Alonso.

La enumeración de los puntos comenzó por el tema del nepotismo. La titular de la OA dijo que el proyecto “establece una variedad prohibiciones específicas de designaciones de familiares en todos los poderes”.

Sobre las Declaraciones Juradas (DDJJ), Alonso dijo que el “proyecto introduce, en línea con la Ley Modelo de Declaración de Intereses e Ingresos de la OEA, el deber de las Autoridades de Aplicación de controlar y verificar anualmente las declaraciones juradas, y, establece un formulario electrónico único para todos los poderes del Estado”. Aclaró que la presentación de DDJJ propuesta para titulares de obras sociales y sindicatos “busca promover más transparencia para un mejor y mayor control ciudadano” y remarcó que en estos casos lo que se reforma son dos artículos de las Leyes de Asociaciones Sindicales y la de Obras Sociales.

En cuanto a los conflictos de intereses, informó que “como novedad, se prevén más prohibiciones y restricciones a los funcionarios de más alta jerarquía (Presidente y Vice, Jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios)”.

Con la ley propuesta, todos los poderes del Estado contarán con un órgano dedicado a la ética pública. “Todos los poderes del Estado están obligados a designar o crear un organismo autárquico como autoridad de aplicación. Este diseño se inspira en el ya aprobado por este Congreso en el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública y que ha demostrado ser viable y efectivo”.

Con respecto a la situación a nivel federal, Alonso remarcó que “nueve provincias no tienen Ley de Ética pública, y de las restantes algunas tienen leyes muy viejas que no cumplen con estándares mínimos de constitucionalidad post reforma de 1994”. Y agregó: “Esperamos que este debate inspire otros similares en la provincias dado que el cumplimiento de estándares constitucionales y convencionales también les corresponde”.

“Estamos frente a una oportunidad única e histórica para modernizar, actualizar y fortalecer un régimen de ética en la función pública que dé cabal cumplimiento al Artículo 36 de la Constitución Nacional y a los compromisos internacionales. Esperamos lograr un amplio consenso como lo tuvo la ley sancionada en 1999”, finalizó.