Laura Alonso participa en misión oficial ante la OCDE


La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, participará de la reunión del SPIO (Senior Public Integrity Officials Working Group) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además en el marco del “Foro Global Anticorrupción y de Integridad” de la OCDE que reúne a más de 1500 expertos de gobiernos, sector privado y ONG, Laura Alonso tendrá participaciones varias como panelista y moderadora.

• Martes 19 de marzo de 16:45 a 17:55 (hora Francia) participará como oradora en el panel “Government’s action to promote anti-corruption compliance and business integrity”, en el marco del “Anti-corruption and business integrity roundtable”.
• Jueves 21 de marzo, de 12:30 a 14:00 participará como oradora en el panel “Promoting Integrity and Strengthening Anti-Corruption Efforts in Latin America and the Caribbean”.
• Jueves 21 de marzo, de 14:00 a 15:30 participará como oradora en el panel sobre la Revisión de la Recomendación de 2009 de la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE (“Review of the 2009 Recommendation: Engaging civil society and the private sector”).
• Jueves 21 de marzo de 16:15 a 18:00 será la moderadora del panel de cierre del Foro Global en el panel “Rebooting Anti-Corruption and Integrity”.
• Jueves 21 de marzo de 8:05 a 9:00 participará en el desayuno “Beneficial ownership as an emerging global norm:building a coalition of early adopters”, organizado por Open Government Partnership (OGP) y la OCDE.

Agenda del evento
Acceso a la transmisión en vivo

Durante la reunión, el 19 de marzo, se presentará a este grupo de trabajo el "Estudio de Integridad Pública en Argentina" elaborado por ese organismo internacional y que se presentará oficialmente en Buenos Aires el 27 de marzo próximo con la participación de Marcos Bonturi, Director de Gobernanza Pública de la Organización de OCDE, Julio Baccio Terracino, Jefe Adjunto de la División de Integridad Pública de OCDE y Fernando Sánchez, Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cabe recordar que el objetivo del "Estudio de Integridad Pública en Argentina" es apoyar al gobierno nacional en la adopción de instrumentos innovadores para promover la integridad, para lo cual realizan las siguientes actividades: revisión de la legislación y de las prácticas de integridad; desarrollo de las capacidades de los servidores públicos responsables de promover la integridad y el control; desarrollo de un plan de acción para las reformas propuestas en el Estudio; y evaluación del progreso del Plan de Acción. La OA fue la responsable de coordinar las actividades relativas a este trabajo.

Participaron colaborando en la elaboración de este estudio diversos organismos públicos, entre ellos: Oficina Anticorrupción, Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Secretaría de Fortalecimiento Institucional, Ministerio de Desarrollo Social, Auditoría General de la Nación, Sigen, Procuración del Tesoro de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Producción, Ministerio de Energía, Ministerio de Educación, Secretaría de Empleo Público, Unidades de auditoría interna de diversos ministerios, áreas de recursos humanos de diversos ministerios y empresas estatales como ADIF SE y EANA SE.

También participó el Ministerio Público Fiscal a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, integrantes de la Cámara Nacional Electoral.

Este Estudio se produjo en un contexto en el que Argentina viene dando pasos para promover la transparencia y la integridad pública, tales como: la promulgación de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública; la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la reglamentación -tras 16 años- del Régimen de Obsequios y Viajes financiados por terceros a Funcionarios Públicos; la firma de dos Decretos de Integridad en juicios contra el Estado y contrataciones públicas vinculados a altos funcionarios; la publicación en formato abierto de las declaraciones juradas de 45 mil funcionarios públicos y el proyecto de una nueva Ley de Ética Pública.