Presidencia de la Nación

La Unión Industrial de Mendoza (UIM) reclamó la adhesión a la ley de ART


La provincia de Mendoza se encuentra próxima a tratar en la Legislatura la adhesión a la Ley Nacional. El sector empresario pidió su aprobación para terminar con la industria del juicio.

Desde el sector empresario explicaron que la adhesión a esta Ley, que es una herramienta más que potencia la industria, la economía provincial y en consecuencia, impacta en un mayor empleo, permite, entre otras cosas, terminar con la “industria del juicio” al impedir que procesos de denuncias por lesiones o accidentes laborales fraudulentos puedan prosperar en instancias judiciales, evitando así innumerables costos, no solo para el empleador, sino también para el Estado y los trabajadores.

“La falta de ordenamiento legal, afecta directamente a las empresas en su competitividad, ya que las alícuotas promedio de las ART no han parado de incrementarse desde el inicio del sistema, y en algunos casos se han quintuplicado desde su valor original”, sostuvo Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) durante un encuentro que mantuvo con representantes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La reunión sirvió para hacer un análisis de la situación del sistema, la evolución de la litigiosidad laboral, y los alcances y ventajas de la Ley 27.348 de reforma al régimen de ART. En representación de la SRT estuvieron presentes el gerente de Redes y Coordinación con Provincias, Darío Costa; el subgerente de Control de Entidades, Ignacio Subizar; y el coordinador por Mendoza, José Flamarique.

Badaloni agregó que por año los juzgados laborales reciben más de 120 mil causas aunque solo pueden tratar 35 mil y el costo promedio por juicio es de $260 mil. “Esta situación debe ser modificada urgentemente y para eso el instrumento legal es la adhesión a la Ley nacional vigente”.

Cabe destacar, que las últimas estadísticas publicadas desde la SRT indican que las provincias que ya adhirieron a la Ley han reducido fuertemente la litigiosidad, como es el caso de CABA en un 24% y Córdoba en un 11%.

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