La UIF Participó en la reunión de trabajo de la Comisión Informativa sobre el proyecto de ley en revisión de las SAS

La Dra. María Eugenia Marano, funcionaria de la Unidad de Información Financiera, puso de relieve la imperiosa necesidad de controlar, por parte del Estado, la conformación de este tipo de Sociedades.


El lunes 28 de septiembre, la Comisión de Legislación General de la H. Cámara de Diputados de la Nación comenzó a analizar la propuesta de modificar la constitución e inscripción de las denominadas Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que ya cuenta con media sanción en el Senado.

El Proyecto de ley en revisión establece que todas las SAS deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial, a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (SEPYME), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.  

La reunión informativa, que se realizó bajo la modalidad de videoconferencia, contó con la presencia de especialistas y funcionarios que expusieron sus opiniones y observaciones favorables y críticas respecto de la iniciativa.

Por parte de la Unidad de Información Financiera participó la Dra. María Eugenia Marano, funcionaria de la UIF e investigadora del Centro de Investigación y Prevención de la criminalidad económica, quien explicó la importancia de llevar adelante estas modificaciones para mejorar el control de la legalidad de dichas sociedades y prevenir la delincuencia económico- financiera convirtiendo así a dichas sociedades en una auténtica herramienta para el desarrollo económico financiero.

A su vez, la representante del Organismo señaló la imperiosa necesidad de fortalecer los controles sobre la constitución, funcionamiento y liquidación de este tipo de sociedades, las cuales reúnen a la fecha una serie de particularidades que las tornan frágiles desde la perspectiva de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos económicos complejos(LA/FT/DEC).

En este sentido, la Dra. Marano advirtió que el objeto societario es muy amplio, por lo que urge “un control sustancial de legalidad donde el Estado proteja a los terceros que operan con SAS y también resguarde a los emprendedores de buena fe -insistiendo en que- para eso es necesario que ejerza un control de este tipo de sociedades y tome recaudos para que estas figuras no sean mal utilizadas”.

Sobre la evaluación GAFI a la que será sometida la República Argentina en el 2021, y remarcando el sentido de dicho control, señaló que “El GAFI en su recomendación 24 insta a tener mecanismos para prevenir delitos y cumplir con estándares de transparencia, información clara, precisa y adecuada de los beneficiarios finales de las sociedades y personas jurídicas así como matrices de riesgo en las figuras, más registros públicos de personas jurídicas” y afirmó que desde los Registros de todo el país se deben generar políticas que tiendan a poder evitar riesgos y así reactivar la economía.  

En el mismo sentido, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Dr. Ricardo Nissen, aseveró que “no estamos discutiendo eliminar a la SAS de la legislación argentina, sino que -enfatizó- estamos debatiendo un proyecto de ley que tienda a mejorarla, ya que es necesario, como dijo la especialista, un control de legalidad”.

Al cerrar las exposiciones, Nissen fue contundente: “Estamos discutiendo un proyecto de ley para mejorar y beneficiar a emprendedores. Es imprescindible que haya un registro y un organismo de control sobre las SAS ya que es muy fácil que se las utilice para Fraude. En la actualidad no hay ningún control sobre ellas”.

También participaron de la videoconferencia: César Guereta, titular de Sierra TechSolutions SAS; Alejandro Ramírez, profesor de Derecho Societario de la Universidad Austral; Francisco Reyes Villamizar, doctor en Derecho de la Universidad de Holanda; el abogado Fernando Pérez Hualde y Leopoldo Burghini, abogado especialista en derecho societario.

Acerca del proyecto

Se trata de una iniciativa, presentada en la cámara alta por el senador neuquino Oscar Parrilli, quien propone, entre otras cuestiones, suspender por 180 días la constitución e inscripción de las SAS y modificar la ley aprobada durante el Gobierno de Mauricio Macri, destinada a agilizar la conformación de esta clase de empresas en 24 horas.

Desde el punto de vista operativo y del control financiero estas compañías pueden constituirse con muy poco aporte de capital, ser administradas por terceros ajenos a las mismas y tener un objeto muy amplio, lo cual las convierte en un instrumento apto para cometer diversos ilícitos como ser: evasión impositiva, contrabando, fuga ilegal de capitales, narcotráfico y otros delitos precedentes a LA/FT/DEC.