Durante dos jornadas se realizó el Primer Congreso Internacional sobre la Trata de Personas: “Nuevas formas de explotación”, que reunió a referentes nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos que plantea actualmente la trata de personas, con especial foco en las modalidades emergentes de explotación, el avance de la criminalidad organizada, el uso de nuevas tecnologías y la dimensión económica del delito.

El Congreso reunió a más de 100 participantes, entre jueces y fiscales de todo el país, representantes de organismos internacionales y especialistas provenientes de 11 países del continente americano. El encuentro permitió intercambiar experiencias y herramientas, compartir distintas perspectivas sobre su prevención e investigación y fortalecer la cooperación entre los organismos e instituciones que intervienen en su abordaje.

La apertura contó con la participación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal; el director por Argentina ante el BCIE, Carlos Sanguinetti; y el jefe de Operaciones para Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Felipe Vera.

Mahiques destacó la necesidad de abordar la trata de personas como un fenómeno complejo, que requiere una respuesta articulada entre los distintos organismos y una cooperación sostenida tanto a nivel nacional como internacional. “La restitución de derechos requiere acompañamiento, seguimiento y una respuesta federal sostenida en el tiempo. Tenemos que capacitarnos constantemente para combatir este delito, que trasciende fronteras. La cooperación internacional es fundamental para no ir atrás del delito, sino estar a la altura de este tipo de investigaciones”, afirmó el Ministro.

El encuentro contó con expositores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX-MPF), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC-MPF), entre otros organismos.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de las transformaciones y modalidades emergentes de explotación y los desafíos que plantean para la prevención, investigación y persecución penal. Entre otros temas, se abordaron la trata de personas con fines de comisión de delitos y su relación con la criminalidad organizada; la explotación en entornos digitales y el uso de nuevas tecnologías; y los desafíos que presenta la investigación y persecución de la trata y la criminalidad organizada en el marco del proceso penal acusatorio.

“La investigación de la trata de personas, de la mano del sistema acusatorio, tiene que adaptarse a los nuevos desafíos. No basta con detectar una víctima o un imputado: detrás hay un entramado, hay una organización delictiva”, sostuvo el juez Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.

También se analizó la dimensión económica de la trata, con especial atención a las investigaciones financieras y el lavado de activos, así como los desafíos vinculados con la asistencia, el acompañamiento y la recepción del testimonio de las víctimas en el marco del Código Procesal Penal Federal.

“La trata no es un delito que se mantenga quieto mientras discutimos cómo perseguirlo: muta. Cambia de plataforma, de modalidad de captación, de mecanismo de cobro y de forma de esconder el dinero. Frente a esa realidad, uno de los desafíos es fortalecer la asistencia a las víctimas de explotación sexual en el marco del Código Procesal Penal Federal, poniendo a la víctima en el centro”, sostuvo el juez Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal.

Como parte de la primera jornada, se realizaron además mesas de trabajo simultáneas para profundizar el intercambio sobre los principales desafíos que presenta esta problemática en la actualidad y posibles respuestas. Los participantes trabajaron sobre la trata con fines de comisión de delitos, la explotación en entornos digitales, la dimensión económica de la trata y la asistencia a víctimas.

Durante la segunda jornada se presentaron los hallazgos regionales y las principales conclusiones surgidas de las mesas de trabajo, en un panel conversatorio a cargo de Jenifer Flores Sena, coordinadora nacional en Trata de Personas y Delitos Conexos de UNODC, y Carlos Pérez, oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Sección contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de UNODC.

La mirada regional se profundizó con un panel de experiencias comparadas, integrado por Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional de Chile; Ana Esther Serrano, Jefa de la Unidad Especializada de Tráfico Ilegal de Personas de la fiscalía general de El Salvador; y Alejandra Mángano, fiscal coordinadora de PROTEX.

“Estamos frente a un cambio en la dinámica de la trata a nivel regional, con organizaciones criminales transnacionales más violentas y nuevas formas de captación de mujeres para la explotación sexual. Es una realidad compartida por distintos países de la región y por eso necesitamos más cooperación internacional: estas organizaciones se van moviendo hacia donde pueden generar más recursos”, señaló Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional de Chile.

La clausura oficial estuvo a cargo de Manuel Torres, gerente de Países y Proyectos del BCIE; Emiliano Méndez Ortiz, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación; y Juan Manuel Olima Espel, titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación.

“El desarrollo también es una herramienta de prevención contra la trata. Cada empleo formal que generamos reduce la vulnerabilidad; cada mujer que accede a financiamiento y oportunidades fortalece su autonomía; y cada migrante que tiene una ruta segura tiene menos posibilidades de caer en manos de una red criminal. Hagamos que el financiamiento para el desarrollo sea también financiamiento para la prevención”, afirmó Manuel Torres, gerente de Países y Proyectos del BCIE.

“La prevención tiene que ir más allá de la respuesta penal. Es fundamental la interacción entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y los programas de asistencia, porque es la única forma de volcar experiencias y trabajar todos juntos. También es muy importante la cooperación internacional”, destacó Juan Manuel Olima Espel, titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación.

Este primer Congreso consolidó un espacio de intercambio y cooperación entre instituciones nacionales, organismos internacionales y especialistas de distintos países de la región para avanzar en respuestas coordinadas frente a un delito en permanente transformación.