Los alcances de la Ley Nº 27.348 y las mejoras de los principales indicadores del sistema de riesgos del trabajo a partir de su sanción fueron los ejes que abordó un equipo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), ante un auditorio compuesto por especialistas en seguridad e higiene, profesionales, empresarios y entidades gremiales de la región, entre otros actores.

Las jornadas se desarrollaron en las ciudades de Neuquén, Cutral Co, Plaza Huincul y Cipolletti, entre el 5 y el 7 de septiembre. Allí, el gerente de Redes y Coordinación con las provincias de la SRT, Darío Costa, aseguró que “la ley permitió atacar uno de los principales problemas que aquejaban al sistema de riesgos del trabajo: la litigiosidad. Y en este sentido, logramos un avance significativo. Entre la sanción de la ley y finales de 2017, el fenómenos de la judicialidad se redujo casi 35%”.

“Para ello, la SRT puso en marcha un proceso de reingeniería, apertura y relocalización de comisiones médicas, con el objetivo de que los trabajadores que necesiten de su atención cuenten con una sede médica a menos de 50 km de su domicilio”, aseguró Costa.

Al respecto ponderó el rol que tienen ahora las comisiones médicas, las cuales se convierten en “instancia administrativa previa y obligatoria ante la cual debe acudir un trabajador en caso de sufrir un accidente laboral o enfermedad profesional, pero además en la instancia directa que tiene el trabajador para resolver su demanda de manera rápida y eficaz”.

Ante la presencia de representantes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Costa destacó la reducción en el monto de las alícuotas que abonan las empresas asentadas en provincias que adhirieron a la ley, que rondan “entre 9,7% y 10,8%”.

Neuquén adhirió recientemente a las disposiciones de la nueva ley, convirtiéndose de esta manera en la decimocuarta provincia argentina que adopta esta medida. Las otras son la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta y Chaco, a quienes se suma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El nuevo régimen, además de reducir la litigiosidad, apunta a bajar la siniestralidad laboral a través del fortalecimiento de la prevención. Incrementa las indemnizaciones y prestaciones al elevar la base de cálculo y reduce los plazos de cobro mejorando, por otra parte, los tiempos de atención y de resolución ante los reclamos presentados