La actividad organizada por la SIGEN -en la que también estuvieron presentes, los síndicos generales adjuntos de la Nación, Irma Miranda y Máximo Borzi de Lucía- fue transmitida por modalidad zoom a funcionarios y funcionarias de todo el país y tuvo como objetivo promover y fortalecer acciones que consoliden la inclusión de personas con discapacidad en la Administración Pública Nacional.

En sus palabras de bienvenida, Montero se refirió a la legislación argentina en materia de discapacidad y planteó las acciones de la SIGEN para colaborar con la inclusión laboral. Al respecto, remarcó: “Somos un organismo que recorre la Administración Pública en forma transversal y mediante nuestra tarea queremos promover la creación de trabajo de calidad para las personas en situación de discapacidad. Sabemos que el trabajo dignifica y es nuestra convicción cambiar esta realidad”.

Luego Galarraga invitó a reflexionar sobre la apreciación que tenemos de la discapacidad como sociedad y sostuvo: “Debemos avanzar hacia una transformación social y cultural que nos permita percibir a las personas con discapacidad de manera integral”.

Igualmente propuso no solo modificar los términos y las palabras, sino cambiar la idea conceptual sobre las personas con discapacidad “no como impedimento o incapacidad” sino fundamentalmente, como “personas con potencialidades distintas”. Y destacó el desafío de implementar transformaciones que permitan “desarrollar un ámbito laboral con perspectiva de inclusión y abierto a enriquecernos en la diversidad”.

Por su parte, Castellani anunció la creación de un registro específico unificado que permitirá avanzar en el cumplimiento del cupo del 4% que el Estado Nacional debe asignar por ley vigente desde 1981 a las personas que viven con discapacidad.

En ese sentido, la Secretaria se comprometió a avanzar en la implementación de tres puntos fundamentales para “diseñar un plan que les permita a las personas que viven con algún tipo de discapacidad trabajar y desarrollar una carrera laboral, tal como establece la ley tanto en el ámbito privado como en el estatal”.

En relación al ámbito público estas iniciativas son: llevar adelante un registro unificado y específico para personas que acrediten la intención de trabajar en la Administración Pública Nacional y puedan incluir su certificado de discapacidad (CUD); garantizar, a través del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), el proceso de formación y capacitación, con sus adecuaciones específicas, para las personas que viven con discapacidad y de esta manera incentivar el desarrollo de su carrera laboral, y diseñar políticas públicas con perspectiva en discapacidad.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que para alcanzar estos objetivos es necesaria una acción coordinada entre la SIGEN, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, el Ministerio de Trabajo y la ANDIS, junto a las áreas de Recursos Humanos de las distintas jurisdicciones, así como sus conducciones políticas.