La Secretaría presentó un hábeas corpus colectivo y preventivo por casos de violencia institucional en Salta

La solicitud fue impulsada como consecuencia de las numerosas denuncias recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos desde el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.


La acción fue presentada ante el poder judicial provincial por el secretario Horacio Pietragalla Corti, conjuntamente con el Dr. Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría.
A través del escrito, se promueve una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Salta, debido a los graves hechos de violencia policial que se vienen denunciando en el territorio provincial.

Entre las numerosas denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y la Delegación de la Secretaría en la provincia, se cuentan casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el Decreto provincial N° 255/2020, que se alejan de los fines buscados por el Decreto Nacional N° 297/2020, cuya finalidad consiste en evitar la propagación del Covid-19, propiciando el menor contacto posible entre personas.

En el texto de la presentación se transcriben algunas de las denuncias recibidas y los funcionarios advierten que los hechos descriptos no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la policía provincial y de la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud, lo que motiva esta presentación en razón del artículo 3° inciso 1° de la Ley 23.098”.

Por tal motivo, la Secretaría solicita la urgente intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Provincial N° 255/2020 y se ordene al Gobierno de la provincia de Salta a adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, y a abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos.

La solicitud está fundada en las atribuciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para llevar adelante todas las acciones necesarias a los fines de proteger los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, y de esta forma evitar sanciones internacionales por incumplimientos del derecho internacional de los derechos humanos.