“Esta herramienta nos permite regularizar la situación de las distribuidoras de todo el país con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). De esta manera las distribuidoras, en este caso la de la provincia de Catamarca, podrán regularizar su deuda con CAMMESA, implementar un plan de inversión y realizar las obras necesarias para mejorar su calidad de servicio”, destacó Martínez.

En la reunión, realizada en la sede del Ministerio del Interior, también estuvieron presentes Silvina Batakis, secretaria de Provincias de esa cartera, y Silvana Ginocchio, diputada nacional por Catamarca.

El acuerdo contempla un procedimiento para la regularización de obligaciones pendientes de pago de la distribuidora de energía eléctrica provincial Energía de Catamarca SAPEM con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Dicha regularización se enmarca en el artículo 87 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y la Resolución N° 40/2021 de la Secretaría Energía, que establecen un régimen especial de regularizaciones de las obligaciones de pago de las distribuidoras.

La distribuidora mantenía una deuda con CAMMESA que se incrementó a raíz de la pandemia, al crecer considerablemente los promedios de incobrabilidad de sus usuarios en el marco de la emergencia económica, tarifaria, energética, sanitaria y social. Se trata de 1.163,2 millones de pesos al 30 de septiembre de 2020, de los cuales 208,9 millones serán refinanciados, mientras que los 954,2 millones restantes (equivalentes a 4 facturas mensuales) se destinarán a obras para el desarrollo energético de la provincia, acompañando la producción y el empleo, garantizando el derecho al acceso a la energía eléctrica y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Los Regímenes Especiales establecidos por las Resoluciones de la Secretaría de Energía N° 40 y N° 317, en el marco del Artículo 87 de la Ley de Presupuesto 2021, tienen como objetivo normalizar la cadena de pagos, garantizando el derecho al acceso confiable y continuo a la energía eléctrica en todo el país, privilegiando el beneficio a la demanda en consideración de las características socioeconómicas de los usuarios y el reconocimiento del mantenimiento de las tarifas y de la inversión en infraestructura y eficiencia energética por parte de las distribuidoras.