La Secretaría de Derechos Humanos señalizó como sitio de memoria la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú
En esta unidad penal hombres y mujeres permanecieron detenidos por razones políticas desde 1974 y, con mayor intensidad, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría de Promoción, junto con la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos y el Municipio de Gualeguaychú, señalizó la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú.
Estuvieron presentes organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y sobrevivientes, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero y el intendente local, Esteban Martín Piaggio, además de otros funcionarios y funcionarias nacionales, provinciales y municipales.
Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales con sentencia, las personas encarceladas aquí ─entre ellas, embarazadas, niños y niñas─ provenían de centros clandestinos de detención de la provincia.
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se agravaron las condiciones de detención y la cárcel quedó bajo custodia de personal del Servicio Penitenciario provincial, la Gendarmería Nacional Argentina y el Ejército Argentino.
Muchas de las víctimas fueron llevadas a otros lugares de reclusión ilegal para interrogarlas bajo tortura. Posteriormente, las regresaban al penal. Algunas fueron liberadas o trasladadas a otras unidades penales del país como la cárcel de Coronda (Santa Fe), Sierra Chica (Buenos Aires), Caseros (CABA) o el Instituto Penitenciario de Resistencia (Chaco). Varias de las que pasaron por esta prisión continúan desaparecidas.
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.
