La Secretaría de Derechos Humanos señalizó como sitio de memoria el Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza / Unidad Regional II
En este lugar funcionó un centro de detención ilegal desde febrero de 1976 y durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría de Promoción, junto con el Municipio de San Rafael y organismos de derechos humanos, señalizó el Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza / Unidad Regional II. Esta es la cuarta señalización que se coloca en esa localidad.
Esta dependencia de la Policía de la Provincia de Mendoza fue utilizada como centro de detención ilegal a partir de febrero de 1976, un mes antes del inicio de la última dictadura cívico-militar, y también durante ese período (1976-1983). Según consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, aquí permanecieron secuestradas personas perseguidas por su militancia política, social y sindical, y comprometidas con la defensa de los derechos de la comunidad sanrafaelina y del sur provincial.
Los operativos de detención fueron llevados a cabo por la Policía provincial junto al Ejército Argentino, principalmente durante los meses de febrero y marzo de 1976, y continuaron luego del golpe de Estado. Desde este lugar, las personas secuestradas fueron trasladadas a distintos centros clandestinos de detención de San Rafael y la ciudad de Mendoza. Posteriormente, eran liberadas o llevadas a cárceles provinciales o federales. Algunas de ellas permanecen desaparecidas.
A partir de 2010, en sucesivas instancias judiciales, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 2 de Mendoza condenó a prisión perpetua a los principales responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la región sur mendocina. Entre las condenas se incluyó el delito sexual cometido contra una menor de edad durante uno de los operativos comandados desde esta dependencia policial.
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.
