Presidencia de la Nación

La Secretaría de Derechos Humanos repuso la señalización de la Comisaría 1ª de Tigre

En este lugar funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría de Promoción, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tigre, repuso la señalización de la Comisaría 1ª de Tigre como sitio de memoria del terrorismo de Estado. Participaron, también, organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones políticas y sociales.

En esta comisaría, dependiente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Según testimonios de sobrevivientes y familiares obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en la Justicia federal, aquí permanecieron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas docentes, trabajadores y delegados gremiales de las empresas pertenecientes al cordón industrial de la zona norte –entre ellas, la empresa Ford de General Pacheco y los astilleros Astarsa, Vicente Forte y Mestrina–, así como también algunos de sus familiares.

Las víctimas habían sido secuestradas de sus domicilios o lugares de trabajo por grupos de tareas integrados por fuerzas militares y de seguridad, con colaboración de sectores civiles. Algunas de ellas sobrevivieron, otras fueron asesinadas o continúan desaparecidas.

En diversos juicios, el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín condenó a varios de los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en los partidos del norte del conurbano bonaerense y, particularmente, por los casos de secuestros de trabajadores de Astarsa y Ford.

La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691 y la Ley Provincial Nº 13.584, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.

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