La Secretaría de Derechos Humanos firmó un Acuerdo ante la CIDH por el caso de un trabajador de Ford secuestrado en dictadura

Se trata de un compromiso de cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en reparación por los perjuicios sufridos por Pedro Troiani, secuestrado y torturado dentro de la empresa automotriz y luego despedido sin posibilidad de indemnización.


El acto se realizó esta tarde en el salón Rodolfo Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, y contó con la presencia del secretario Horacio Pietragalla Corti, acompañado por Elisa Charlin de Troiani y Marcelo, viuda e hijo de Pedro Troiani, y Tomás Ojea Quintana, su abogado.

Entre los invitados a la ceremonia estuvieron familiares y allegados de Troiani, sobrevivientes de la causa “Ford”, e integrantes de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica de la Secretaría de Derechos Humanos.

“Hacer este acto sin la presencia de Pedro, que lamentablemente no está más con nosotros, nos deja un sabor amargo pero a la vez es una alegría porque nos brinda la posibilidad de reparar lo que en tantos años de democracia no se pudo lograr”, afirmó Pietragalla en el inicio de su intervención. “Esta firma es un reconocimiento a su lucha y compromiso, y en su figura a la de su compañeros y todos los trabajadores y trabajadoras organizados que fueron perseguidos por defender sus derechos”.

El funcionario aclaró que el acto de firma se pensó como una ceremonia íntima junto a los familiares y los amigos más cercanos de Pedro, y adelantó que en el mes de marzo se realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad con la participación de otros actores institucionales.

“Solamente quiero agradecerles a todos y todas los que nos acompañan, este fue un sueño grande de Pedro y lamentablemente no llegó a verlo, pero mis hijos y yo nos comprometimos con él para continuar esta lucha”, expresó muy emocionada Elisa de Troiani.

El abogado Ojea Quintana destacó el trabajo del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos para llegar a la firma del acuerdo y el acompañamiento de la familia y los compañeros y compañeras de Pedro. “La lucha por la justicia lleva décadas, esfuerzo y compromiso, pero finalmente encontramos un gobierno dispuesto a escuchar nuestros reclamos y comprometido con el desarrollo de políticas públicas concretas, lo que nos permite estar firmando este acuerdo que tiene el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó.

Durante el encuentro, la directora de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría, Gabriela Kletzel, detalló los alcances del acuerdo y las acciones que se iniciaron y que se llevarán adelante en cumplimiento de las recomendaciones para la reparación por la falta de justicia sufrida por Troiani, y para el impulso de una agenda de responsabilidad empresarial en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina.

De esta manera, la Secretaría da un paso fundamental para avanzar en la determinación de la responsabilidad de empresas y empresarios en articulación con las fuerzas armadas y seguridad, en procesos represivos contra trabajadores/as y sindicalistas durante la última dictadura en Argentina. Este eje es una prioridad en el Plan estratégico de juicios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está llevando adelante un trabajo articulado de diversas áreas y equipos para el avance en esta problemática central.

El caso

A fines de marzo de 1976, a pocos días del Golpe militar, Pedro Troiani, trabajador y delegado gremial de la empresa Ford Motor Argentina, fue detenido dentro de la fábrica junto a un grupo de compañeros. En los quinchos del mismo predio fue sometido a torturas y luego fue privado ilegalmente de su libertad hasta el 23 de mayo de 1977.

Mientras permanecía secuestrado fue despedido por la empresa, sin derecho a indemnización. Al recuperar su libertad se vio impedido de reclamar sus derechos por temor a represalias, ya que aún el país estaba en dictadura. Años más tarde, su reclamo en la justicia fue desestimado por entenderlo prescripto.

En 1992, Troiani denunció ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado argentino por la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. En 2020, la Secretaría de Derechos Humanos inició un diálogo con sus representantes legales con el objetivo de alcanzar una solución amistosa en el trámite internacional.

El 23 de marzo de 2021, la CIDH determinó que el Estado argentino es responsable por haber negado a la víctima el acceso a la justicia sobre los delitos denunciados, y ordenó la realización de una serie de acciones de reparación que fueron acordadas entre la Secretaría de Derechos Humanos y el propio Pedro Troiani, quien falleció el 1 de agosto de 2021, pero tuvo participación en el trabajo previo al acuerdo alcanzado.