La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se incorpora como querellante en tres causas de lesa humanidad
Con el objetivo de reimpulsar los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, la Secretaría a cargo de Horacio Pietragalla Corti se presentó el pasado 24 de agosto como querellante en tres causas en las que investigan delitos perpetrados durante la última dictadura cívico militar.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se incorporó como querellante en la causa que tiene como imputado a Eduardo Abelardo Britos por el asesinato de Wenceslao Pedernera, ocurrido en la madrugada del 25 de julio de 1976 en su casa de Sañogasta, Chilecito. Dirigente del Movimiento Rural Cristiano y colaborador de Monseñor Enrique Angelelli, fue declarado mártir y beato, junto a éste y a los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville en 2019. Cabe destacar que esta causa lleva años demorada debido a que el único acusado identificado, Abelardo Britos, no podía ser indagado. Gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería se logró, a través de la Justicia de Paraguay, la ampliación de extradición para que Britos pueda ser investigado en la presente causa.
En la foto: De derecha a izquierda. Wenceslao Pedernera su esposa Martha Ramona Cornejo y Monseñor Angelelli
Por otra parte, el pasado 24 de agosto la Secretaría también se presentó como querellante en dos causas ante la Justicia de la provincia de Córdoba. Se trata del caso “BARREIRO Guillermo Ernesto y otros” y “GOMEZ Miguel Ángel y otros” que tramitan en el Juzgado Federal n°1 de esa provincia.
La primera de ellas investiga la responsabilidad del ex oficial del Ejército argentino Ernesto Guillermo Barreiro, del Teniente Coronel Enrique Carlos Villanueva, y del militar retirado, Suboficial Mayor Carlos Alberto Díaz por el secuestro y tormentos a los que fueron sometidos José Jaima Blas García Vieyra y Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso así como la muerte de Ruben Amadeo Palazzesi, quien habría fallecido luego de reiteradas sesiones de tortura y su cuerpo carbonizado, simulando un accidente de tránsito inexistente. También se investiga la responsabilidad por el secuestro y tortura a las que fueron sometidos Carlos Federico Guillen y Cristina Irma Guillen.
La segunda causa refiere a numerosos hechos ocurridos en Córdoba en los que se investiga a más de ochenta acusados pertenecientes a diferentes fuerzas de seguridad, tales como el Ejército, la policía de Córdoba e integrantes del Departamento Informaciones (D2) de esa fuerza provincial. En esta causa se incluyen acusados que a la fecha no recibieron condena alguna.
Dichas presentaciones se enmarcan en la firme decisión política de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de impulsar, promover y agilizar el desarrollo de los juicios de lesa humanidad.