La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación puso a disposición de juzgados federales y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad 130 investigaciones producidas entre 2008 y 2021, que buscan colaborar con las causas por crímenes de lesa humanidad que la justicia federal lleva adelante en todo el país.

Se trata de informes elaborados por el equipo de investigadores e investigadoras que conformaban el ex Programa Verdad y Justicia, y que hoy integra la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos.

En su mayoría, analizan el rol de la inteligencia militar y la participación de sus integrantes en el terrorismo de Estado y ya fueron utilizadas como insumo en muchas investigaciones judiciales en las cuales permitieron identificar a acusados que sólo eran conocidos por sus alias, conocer el funcionamiento de algunas estructuras que fueron centrales para llevar adelante la represión ilegal o el aporte para el descubrimiento de un Centro Clandestino de Detención en la calle Bacacay, en la Ciudad de Buenos Aires.

Tal es el caso del informe sobre el Batallón de Inteligencia 601, su Central de Reunión, sus Grupos de Tareas y cada uno de los Destacamentos de Inteligencia (y sus Secciones) en las distintas zonas militares que dividían el país entre 1975 y 1983.

Una de las investigaciones más recientes analizó el sistema de “fondos secretos” utilizado por la dictadura para financiar a ese aparato ilegal de inteligencia y sus grupos de tareas, así como el sistema de fiscalización para controlar en qué era utilizado el dinero.

El impulso enérgico de los juicios y la necesidad de fortalecer los aportes mediante investigaciones especializadas es una prioridad del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad promovido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.