La presentación se hará ante la Corte Suprema de Justicia de Italia, que el próximo 30 de junio realizará una audiencia para resolver el pedido de la justicia argentina de juzgar a Reverberi en el país. El gobierno argentino, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, participa como parte interesada.

“Hay una voluntad muy clara del Estado argentino de acompañar estos casos. Estamos tratando de llegar al 30 de junio con todas las pruebas que podamos juntar desde la Secretaría para que nuestro pedido sea escuchado”, señaló Pietragalla Corti durante un encuentro, en Roma, con abogados querellantes y familiares de víctimas en el que se abordaron los casos vinculados al terrorismo de Estado en Argentina que se investigan en Italia.

Reverberi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y es investigado en el país por delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales de la ciudad San Rafael. Sobrevivientes del terrorismo de Estado testificaron haberlo visto de manera asidua junto a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y relataron que presenció golpizas y tormentos y que les decía a los detenidos que tenían que colaborar con las fuerzas armadas.
Para impulsar la extradición, en 2021 la Secretaría de Derechos Humanos se constituyó como querellante en la causa que tramita en Mendoza y remitió a Italia numerosa documentación sobre el caso.

Pietragalla Corti realizó este anuncio durante el encuentro “Justicia para los desaparecidos”, organizado por la Fondazione Lelio e Lisli Basso en Roma. Junto al secretario de Derechos Humanos estuvieron Luca Ventrella, abogado del Estado italiano en el juicio del Plan Cóndor; los abogados querellantes Arturo Salerni y Silvia Calderoni, quienes representan al Estado argentino en esos procesos, y Jorge Ithurburu, miembro de la organización “24 de marzo Onlus”. También estuvieron desde Argentina familiares de las víctimas de los delitos que se investigan en Italia, como Pedro Sonderéguer, nieto de Juan Carlos Cámpora, fundador de la Universidad Nacional de San Juan y desaparecido en febrero de1977; Víctor Carvajal, hermano de Ángel Carvajal, quien fue asesinado bajo tortura en la cárcel de San Juan; Eva Lerouc, hija de Armando Lerouc y Marta Saroff, militantes de Montoneros en Mendoza víctimas del terrorismo de Estado; Silvia Potenza, hija de José Agustín Potenza, y Beatriz García, hija de Giuliana Filipazzi.

En la charla, se repasaron también los otros dos casos que se llevan adelante en ese país por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina: la causa contra el ex militar Carlos Luis Malatto que se inició en Roma luego de que se rechazaran los pedidos para ser juzgado en Argentina; y el juicio oral contra el exmilitar uruguayo Jorge Troccoli por el asesinato de tres personas en el marco del Plan Cóndor, una de ellas de nacionalidad argentina.

A través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Estado argentino también impulsa esos dos casos y trabaja en aportar información, pruebas documentales y testimonios con el objetivo de que se obtenga justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

El juicio contra Troccoli comenzará el 14 de junio y el Estado argentino será querellante. El represor uruguayo ya fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos uruguayos y chilenos cometidos en el Plan Cóndor. Esta vez, se investigará su responsabilidad en el asesinato del argentino José Agustín Potenza y su pareja italiana Giuliana Filipazzi y de la uruguaya Elena Quinteros. Potenza y Filipazzi fueron secuestrados en junio de 1977 en Montevideo y sus cuerpos fueron descubiertos en 2013 en una fosa común en Asunción, Paraguay, e identificados tres años más tarde. Quinteros también fue secuestrada en Montevideo en 1976 y continúa desaparecida.

El caso del ex militar Malatto, quien durante la dictadura tuvo el grado de teniente coronel y actuó en el Regimiento de Infantería 22 de la provincia de San Juan, se encuentra en etapa de instrucción luego de que se rechazara la extradición solicitada por la justicia argentina. En esta investigación, el Estado argentino se constituyó como querellante, cuestión que se encuentra en trámite. En los últimos días, la Secretaría de Derechos Humanos propuso ampliar la cantidad de víctimas por las que se lo acusa en función de lo que aparece en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.

Previo al comienzo de la charla, Pietragalla Corti firmó un convenio con la Fondazione Lelio e Lisli Basso, con el objetivo de visibilizar y difundir la documentación del archivo histórico de la Fundación referida a la última dictadura cívico-militar argentina y coordinar acciones conjuntas a través del Archivo Nacional de la Memoria. “Tenemos alegría de poder firmar este convenio. Es el primer paso del Estado argentino para intercambiar primero y después llevar adelante la visibilización de esta Fundación y cuánto aportó a la construcción de ese proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo el secretario.
En los años 70, la Fundación recepcionó denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que, actualmente, componen diferentes fondos y colecciones sobre la represión en América Latina, entre ellas una sección referida a Argentina entre 1976 y 1983.