De esta manera, el tribunal integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo hizo lugar a los recursos interpuestos por las querellas y la fiscalía y, en consecuencia, se deberá dictar nuevo fallo respecto de la responsabilidad de Jorge Alberto Figueroa Minetti, Alfredo José Martínez Minetti, Eduardo Buttori, y Fernando Cornú de Olmos, integrantes del consejo directivo la empresa, por su presunta intervención en delitos de lesa humanidad cometidos contra 68 personas, 11 de las cuales permanecen desaparecidas.

La Sala IV dio lugar a las apelaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella de Andhes y fundó su decisión en que la falta de mérito de los acusados dictada por la justicia federal de Tucumán carece de una debida fundamentación, ya que omitió el tratamiento de cuestiones planteadas por la acusación y no valoró adecuadamente el contexto en que los hechos habrían acontecido.

Según la acusación, en predios del Ingenio “La Fronterita” se instaló una base militar y existieron espacios que funcionaron como centro clandestino de detención, por donde pasaron trabajadores del ingenio y habitantes de sus colonias. Ellos resultaron víctimas de delitos que fueron calificados como privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas, abuso deshonesto, violación sexual, homicidio y violación de domicilio, en los que se registraron diversas formas de participación empresarial.

La Secretaría, en su carácter de querellante en la causa, y en línea con su impulso inicial a la investigación original del caso realizada en marco del informe de Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad realizado junto con el Programa Verdad y Justicia, el CELS y FLACSO en 2015, destaca la importancia de esta decisión judicial, que contribuye a seguir profundizando la investigación de la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad.

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