En un encuentro que tuvo lugar en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se introdujo la necesidad de crear un capítulo especial, del orden de lo económico, referido a la Defensa de la Competencia. Finalmente, en materia de derechos referidos a garantizar la identidad, la genética y los límites penales de esas prácticas también entraron en agenda.

La mecánica de las reuniones permite que, luego de que los expertos de la Comisión expongan sobre un tema, los invitados y anfitriones se metan de pleno en el debate. Así, se trató inicialmente la tipificación de las distintas manifestaciones del acoso (laboral, sexual, mobbing y stalking) tanto en el ámbito de las relaciones laborales como en el callejero, y cuál debería ser la ubicación sistemática de cada uno dentro de ese cuerpo normativo.

En materia de Competencia, se indagó sobre la posibilidad de creación de un capítulo que fije penas de prisión en casos de acuerdos de cartelización, y prevea la responsabilidad de las personas jurídicas, a la que se sugirió castigar con fuertes multas.

Además, se consideró la inclusión de este capítulo en un Título que reúna a los delitos contra el orden económico, financiero y la defensa de la competencia y los mercados, que también incluya a los fraudes al comercio y a la industria.

Responsabilidad penal por delitos genéticos

Con la presencia de su presidente, el camarista Mariano Borinsky, se avanzó en el estudio de los delitos genéticos, que contienen conductas como la clonación, la fecundación con fines no reproductivos y la manipulación, y que prevén la Responsabilidad Penal de los laboratorios.

Respecto a los delitos genéticos, después de un amplio examen de las tipificaciones más modernas, de las dificultades terminológicas y de las aristas médicas y éticas, se decidió invitar a expertos del Conicet en ciencia y justicia para lograr una redacción más certera.

Los juristas que viajaron a Córdoba presentaron las conclusiones del encuentro y Borinsky reiteró que “se trabaja sobre la estructura del Código de 1921, se respeta y se consulta el trabajo de las dieciocho comisiones reformadoras anteriores. Este es un trabajo colectivo en el que tomamos lo que nos parece más adecuado, sin abrazar o rechazar nada por prejuicios y sumamos temas que estaban en leyes dispersas”.

La Comisión tiene un canal de diálogo con la sociedad a través de la plataforma del progama Justicia 2020 para que la comunidad realice aportes en el eje penal y a su vez recibe aportes de instituciones y organismos de gobierno.

La Comisión está integrada además por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra, el fiscal Pablo Nicolás Turano, el camarista, Carlos Alberto Mahiques, la jueza Patricia Marcela Llerena, el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez, el procurador general de Salta, Pablo López Viñals, el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci, el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer.

También participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.