Más de 200 documentos oficiales producidos entre los siglos XVIII y XIX fueron recuperados y depositados en el Archivo General de la Nación, organismo dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. El hallazgo, fruto de un operativo conjunto, pone de relieve una cuestión fundamental: estos documentos no son simples antigüedades comerciables, sino propiedad pública inalienable que debe estar al alcance de todos.

La clave del caso reside en lo que dicta la Ley 15.930, la normativa que rige al Archivo General de la Nación. Su artículo 16 define a los documentos históricos que deben ser declarados y/o entregados al archivo del Poder Ejecutivo Nacional.

Esto significa que los manuscritos, expedientes y comunicaciones oficiales recuperados por su naturaleza de documentos públicos forman parte de la memoria colectiva del país, y su lugar de custodia y consulta para toda la ciudadanía es, por mandato, el Archivo General.

El operativo que permitió hacer cumplir la ley se inició el 10 de junio de 2022, cuando la Dirección General de Aduanas alertó sobre la existencia de los bienes. La intervención del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Policía Federal Argentina (PFA) fue crucial. Al verificar las bases de datos nacionales e internacionales, confirmaron que se trataba de patrimonio que figuraba con restricciones.

Con estas pruebas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8, a cargo del Dr. Gustavo Darío Meirovich, ordenó su incautación y, tras la correspondiente pericia que ratificó su origen, dispuso la inmediata entrega al Archivo General de la Nación.

Esta restitución no es solo un acto de recuperación patrimonial, sino la reafirmación de que la historia documental del Estado pertenece a todos los argentinos.

Pronto, estos testimonios directos de la construcción de nuestro país, estarán disponibles para la consulta de investigadores, estudiantes y de cualquier ciudadano interesado en conocer su pasado.