La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), destacó en su informe anual 2017, la puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana (SAT), a cargo del Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

En el informe presentado hoy y correspondiente a 2017, la JIFE señaló además que “el sistema de alerta temprana, a cargo del Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR, evalúa los riesgos que suponen para la salud las sustancias detectadas y elabora respuestas oportunas. El sistema colabora con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la Aduana Argentina, los cuales proporcionan información al Observatorio”. De esta manera, “el Observatorio sirve de repositorio central de información, la cual sistematiza y analiza para elaborar las políticas públicas sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas, sobre la base de datos científicos actualizados”.

Asimismo, la JIFE también resaltó la elaboración del sexto Estudio Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población general. “El estudio se basó en una encuesta realizada a 20.658 personas de 12 a 65 años residentes en zonas urbanas y reunió información sobre los hábitos de consumo y abuso de sustancias psicoactivas en los diferentes grupos de población”, apuntó el informe.

Por otra parte, el documento de la JIFE mencionó, entre las medidas legislativas adoptadas en la región, “la promulgación de la Ley 27.283 en la Argentina, en octubre de 2016, por la que el Congreso estableció el Consejo Federal de Precursores Químicos”. En ese sentido, “el Consejo tendrá por funciones, entre otras, analizar cuestiones relativas a las sustancias y los productos químicos sometidos a fiscalización; realizar propuestas respecto de las sustancias que deberían someterse a fiscalización; confeccionar informes e investigaciones que indaguen respecto de la evolución y el surgimiento de nuevos precursores y construir y mantener actualizado un mapa conexo; y proponer la implementación de políticas públicas para mejorar el control de la producción de precursores”, agregó.

Por último, también señaló que “en enero de 2017 el Gobierno de la Argentina publicó el Decreto 69/2017, por el que actualizó la lista de sustancias sometidas a fiscalización mediante la incorporación de 61 nuevas sustancias”.