El pedido incluye a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, y los ex funcionarios Roberto Baratta, José Olazagasti y Nelson Lazarte, entre otros. Además, se solicitó la elevación a juicio de empresarios involucrados en la maniobra.

En su escrito, la OA recordó que “la asociación delictiva fue encabezada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, quienes entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, mientras eran los máximos responsables del Gobierno Nacional, forjaron un acuerdo de voluntades direccionado a crearla y mantenerla en el tiempo; valiéndose de los organizadores Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens y de sus demás componentes funcionales”.

“Todos ellos, a partir de los roles que les fueron asignados y la distribución de tareas, implementaron un mecanismo de recaudación y recolección de dinero que se sabía corrupto, proveniente de sobornos pagados por personas vinculadas a empresas que pretendieron beneficiarse -o bien, se beneficiaron- a partir de la adjudicación o mantenimiento de contratos de obras públicas, concesiones viales, provisión de energía y subsidios, entre otras contrataciones con el Estado Nacional”, agregó.

Con el avance de las investigación se establecieron nuevos pagos ilegales que son los que ahora la OA pide llevar al debate oral.

“En efecto, las acciones por las cuales se requiere a Acosta y Ferreyra, son haber actuado coordinadamente con Neira para que éste último efectuara por lo menos cinco pagos corruptos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal con el objeto de que estos últimos actuasen para favorecer al grupo Eling S.A / Electroingeniería, firma de las cuales los tres imputados formaban parte”.

En la presentación se detalla cómo desde la empresa Isolux se entregaron dos bolsos con un millón y medio de dólares como “contraprestación ilícita por la obra de la Central Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, adjudicada por un monto de dos mil noventa y cuatro millones seiscientos treinta mil pesos. Dicho contrato presentó once variantes que se erigían como obras complementarias al contrato inicial, que fueron aprobadas por resoluciones del ex Ministerio de Planificación Federal, todo lo cual surge del informe que presentó esta Oficina Anticorrupción”.

Finalmente, para la Oficina “ninguna duda cabe del rol que asumió la ex mandataria en torno a los sucesos relatados, la creación y organización del sistema de recaudación espurio en el marco del cual se sucedieron los pagos antes circunstanciados, cuya destinataria final resultó ser Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.