El escrito, tramitado ante el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), contiene más de 400 puntos que incluyen constancias documentales que componen la causa principal, incidentes, anexos y documentación reservada.

También se pidió la declaración testimonial de más de 60 personas. Se destaca el pedido de declaración de los interventores de “Los Sauces SA” y de “Idea SA” y de la interventora del condominio Máximo y Florencia Kirchner.

Además, se solicitó incorporar las causas judiciales vinculadas, como la causa “Obra Pública” (cuyo juicio comenzará en mayo), la causa conocida como “ruta del dinero K”, la causa “Cuadernos” y la causa “Hotesur”, entre otras.

La OA además pidió que la Municipalidad de la ciudad de Río Gallegos y de El Chaltén, provincia de Santa Cruz, remitan al tribunal todos los antecedentes de los permisos de obra o construcción de edificios y hoteles vinculados a la causa.

En su pedido de elevación a juicio, presentado en julio del año pasado, la OA había sostenido que “a Cristina Elisabet Fernández se le atribuye haber ideado, conformado y dirigido, junto a su difunto marido, Néstor Carlos Kirchner, y al hijo de ambos, Máximo Carlos Kirchner, una organización criminal, que funcionó entre el 7 de noviembre de 2006 y el 14 de diciembre de 2016, destinada a canalizar bienes de origen ilícito a través de la sociedad familiar “Los Sauces S.A.”

Para la OA, Cristina Kirchner “participó como directora a lo largo de toda la maniobra y se benefició con el crecimiento de la sociedad, que experimentó un capitalización de más de un 12.000%, incremento del que se benefició con el retiro personal de fondos y con la utilización, para su propio disfrute, de bienes a nombre de la sociedad”.

La Oficina también destacó que Máximo Kirchner “valiéndose de la calidad de socio fundador y de presidente de “Los Sauces S.A.”, diseñó, ejecutó y dirigió, entre los años 2009 y 2016, un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de esa empresa familiar por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del “Grupo Báez” y del “Grupo Indalo” -que habían sido beneficiadas con contratos y concesiones estatales otorgadas durante el gobierno de los Kirchner- a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la sociedad familiar mencionada, tras lo cual dispusieron personalmente de varios de los bienes resultantes bajo apariencia de legitimidad”.