Para la OA, “luego de un errático enfoque procesal y jurídico, finalmente ha quedado establecido en la causa que el origen del dinero aplicado a las maniobras de lavado de activos investigadas se encuentra en actos de corrupción administrativa, concebidos y ejecutados desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional durante el período 2003-2015 y, como etapa intermedia, en maniobras de fraude fiscal”.

La Oficina afirmó que “los fondos habrían tenido origen en una ganancia ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Antonio Báez en el marco de un amplio escenario de corrupción institucional”. En este marco, resaltó que “se tuvo por probada la existencia de una asociación ilícita” integrada por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández; el ex ministro de Planificación Federal Julio De V ido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de V ialidad Nacional Nelson Periotti, el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner y Lázaro Báez, la cual “habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos del Estado Nacional asignados a la obra pública vial”.

En cuanto al rol específico de Báez, la OA explicó que “habría montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en ella los fondos del Estado Nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, mientras que un concierto de funcionarios públicos nacionales y provinciales, a su vez, le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en la provincia de Santa Cruz por un monto, actualizado al mes de agosto de 2016, estimado en más de 46 mil millones de pesos, equivalentes –en ese entonces- a unos 3 mil millones de dólares.

El último 17 de noviembre la Oficina Anticorrupción también presentó ante el juez federal Julián Ercolini un requerimiento de elevación a juicio contra Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner y Abel Fatala, entre otros, “quienes mediante distintos aportes habrían concurrido a que se concretara la adjudicación de esa monumental suma dineraria en concepto de contratos de obra pública a las empresas de Lázaro Antonio Báez, quien también fue requerido a juicio como partícipe necesario de las maniobras defraudatorias”.