El 7 de diciembre el juez había procesado a Echegaray y Brito al considerarlos parte de la serie de maniobras que le permitieron al ex vicepresidente Amado Boudou quedarse con la imprenta Ciccone. Ahora, la OA se presentó pidiendo ampliar los procesamientos.

En el escrito, la OA alertó que el juez no se había expedido sobre la responsabilidad de Echegaray en el otorgamiento a Ciccone de un plan de facilidades de pago ilegal. Y que esta situación generaba un “sobreseimiento implícito”. En su resolución, el juez había entendido que Echegaray se había opuesto a este plan de de pagos. “Lejos de malograr el otorgamiento del plan, cuya tramitación estuvo a cargo del Jefe de Asesores, un funcionario de su íntima confianza , Echegaray propugnó su curso y aprobación a sabiendas de su manifiesta ilegalidad”, se afirma en la apelación. Y se agrega que el plan de pagos “no transitó por los carriles normales y habituales que guiaban la intervención del organismo fiscal”.

También se apeló que Jorge Brito “fue responsabilizado sólo por un tramo de los sucesos, cual es el relativo al gerenciamiento de la firma CVS (ex “Ciccone Calcográfica S.A.”), dejando al margen del reproche etapas previas de la maniobra, tales como el levantamiento de la quiebra y su financiamiento”. Para la OA, “la responsabilidad de Jorge Horacio Brito se extiende a su colaboración basada en un acuerdo inicial y previo a la adquisición por vía de cohecho (Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele) de las acciones de “Ciccone Calcográfica S.A.”, por lo que la base del reproche futuro se centra en la maniobra completa”.

Finalmente, se pidió el procesamiento de Pablo Jorge Amato, Olga Beatriz Ciccone y Silvia Noemí Ciccone (sobreseídos por el juez) al considerar que fueron partícipes de la maniobra.