La Oficina tomó conocimiento de que Ricardo Daniel Echegaray habría cedido el uso gratuito y por noventa y nueve (99) años del inmueble donde funcionaba la Oficina de Secuestro y Ventas de la Aduana de Posadas al Instituto Universitario de Ciencias Empresariales y Sociales Hernando Arias de Saavedra, registrado como CONVENIO N°2/2010 AFIP. Dicho inmueble se encontraba ocupado en un 60% con mercadería secuestrada, lo cual obligó a la AFIP a desafectar el inmueble y a trasladar la mercadería que allí se encontraba a los depósitos de la empresa Tasa Logística SA para su nueva guarda, con el consiguiente costo económico que ello implicó para el Organismo.

En similar sentido y de manera casi simultánea la OA recibió una denuncia que daba cuenta que dicho inmueble había sido dado de manera “incorrecta” a Salvador Cabral Arrechea y Elida Vigo para ampliar el Instituto Privado “Hernando Arias Saavedra” (el cual era propiedad de estos legisladores) debiendo, en consecuencia, trasladar los bienes depositados en la Aduana a una empresa privada para su almacenamiento.

En el año 1986, el Poder Legislativo de la Provincia de Misiones donó un terreno para la construcción de un edificio con destino al funcionamiento de las dependencias de la Administración Nacional de Aduanas de la ciudad de Posadas. Esto se concretó mediante la construcción del depósito de secuestro de la referida aduana, afectándoselo a dicho uso hasta el mes de febrero de 2010, cuando se firmó el convenio de cesión aquí cuestionado.

“El acto que antecedió la firma del convenio y que sirvió para fundamentar el traspaso efectuado fue la Nota JGM N° 518/09 del 17 de septiembre de 2009, por medio de la cual el entonces Jefe de Gabinete de ministros Aníbal Fernández le solicitó al titular de la AFIP Ricardo Echegaray que, por expresas instrucciones de la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, adoptara las medidas pertinentes para desafectar a la brevedad el inmueble en cuestión y ponerlo a disposición del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). Se consignó en la nota que el requerimiento se efectuaba a los fines de posibilitar el otorgamiento del bien en concesión de uso al INSTITUTO”, afirma la OA.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación había fijado el Valor Técnico con fines Contables del inmueble en el año 2007 en la suma de $1.264.670.

En representación de la AFIP participó del acto su entonces titular Ricardo Daniel Echegaray, y por el Instituto su rector Alfredo Juan Erich Poenitz así como la apoderada de la entidad Olga Mirta Rodríguez, quienes deberán ser investigados como partícipes necesarios. El convenio, además de los nombrados, fue suscripto por el entonces gobernador de Misiones, Maurice Closs.

Según una auditoría interna de AFIP, el bien involucrado era de propiedad del Estado Nacional y, en tal carácter, se encontraba sólo afectado en uso a la Administración Nacional de Aduanas por el destino y cargo impuestos por la donación. Ello quiere decir que la AFIP no era la titular del inmueble y en consecuencia su máxima autoridad no podía realizar ningún acto jurídico en relación a él más allá de su administración, en tanto quien revestía dicho carácter era el Estado Nacional, quien se lo había dado en uso solamente al organismo.

Es decir, la normativa vigente establecía que cada organismo podía administrar los bienes del Estado afectados a su servicio, estando vedado realizar actos que implicaran la transferencia de uso o propiedad, y que en caso de que cesara la razón de afectación de los bienes utilizados por organismos públicos, éstos debían volver o reintegrarse al organismo administrador de los bienes del Estado. A la fecha en que ocurrieron los hechos, dicho organismo era el ONABE.

“Sin embargo no fue ello lo que hizo Echegaray. En el caso, aún cuando el propio Jefe de Gabinete le solicitó por nota la desafectación del inmueble y la puesta a disposición del ONABE, Echegaray, en un claro abuso de funciones y en un abierto apartamiento a las normas relativas a la gestión de bienes estatales y de la donación, cedió su uso en beneficio de un tercero y en desmedro de los intereses públicos, sin tener en cuenta la necesidad funcional del bien como lugar de depósito de mercaderías secuestradas y sin ningún tipo de causa, fundamento ni finalidad que lo justificara”, concluye la OA.

El informe de la Auditoría señala también que el expediente en el que se trató la desafectación del inmueble se extravió. “De hecho sólo se pudieron recuperar algunas piezas sueltas que precisamente pusieron en evidencia que las irregularidades aquí mencionadas le habían sido advertidas a Echegaray, haciendo éste caso omiso su cumplimiento”, se señala en la denuncia.

La causa la investiga el Juzgado Federal N° 4.