Para la OA la ex presidenta tenía conocimiento, al menos de forma genérica, de las maniobras de lavado de dinero realizadas por Lázaro Báez. En la causa Leonardo Fariña señaló que si bien el dinero de origen ilícito era manejado por Báez en verdad era propiedad de Néstor Kirchner.

“Es decir, el hecho de que Cristina Elisabet Fernández tuviera conocimiento de la colocación en cabeza de Lázaro Báez de una masa de dinero de origen ilícito perteneciente a su difunto esposo, pero que no conociera con exactitud cada una de las operaciones –como es normal que ocurra en el caso de socios, prestanombres y simples gestores-, en nada quita su responsabilidad en el evento”, se apunta en el escrito.

Además, la OA señaló que las empresas de Báez continuaron siendo adjudicatarias de contratos de obra pública direccionadas de modo fraudulento (causa N° 5048/2016). Esto constituyó la fuente del dinero aplicado a las posteriores maniobras de lavado.

En el escrito se repasan una serie de hechos organizados desde el Poder Ejecutivo para proteger el lavado de activos de Báez. Entre ellos, la causa N° 3215/2015 en la que “se acreditó provisoriamente que el ex titular de la Administración Federal de Ingresos públicos, Ricardo Echegaray, y el ex titular de la Dirección General Impositiva, Ángel Rubén Toninelli, en violación a sus deberes funcionales, obstruyeron el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca contra empresas que, mediante facturación apócrifa, permitían realizar maniobras de evasión y disposición de fondos líquidos a la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo socio mayoritario era Lázaro Antonio Báez”. En esta causa, la Sala II de la Cámara Federal señaló que el encubrimiento habría respondido a los designios de autoridades superiores de Echegaray.

Por otro lado, en la causa N° 4773/2013 los entonces fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos, Carlos Gonella y Omar Orsi, incurrieron en el delito de prevaricato al momento de requerir la instrucción por limitar la imputación de lavado dejando afuera a Lázaro Báez y personas de su entorno. Además, en otra causa se investiga si la ex Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, ocultó información relacionada a cuentas de Báez.

Para la OA todo esto indica que “existió una decisión de proteger, desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, a las maniobras de lavado de activos reprochadas a Lázaro Antonio Báez y su entorno, tanto para permitirle ejecutarlas como para, luego, procurar su impunidad”.

En lo referido al fideicomiso testamentario de Báez, la OA consideró “que más allá de su significado aparente, en verdad constituyó una suerte de contradocumento que sólo se explica como el reflejo de una realidad distinta de la que surgía –y aún surge- formalmente del patrimonio puesto en cabeza de Lázaro Antonio Báez: que no le pertenece a él, sino a otras personas. Y esas otras personas son Néstor Carlos Kirchner, antes, y Cristina Elisabet Fernández, ahora”.

La Oficina viene insistiendo en sucesivas presentaciones sobre la participación de Cristina Kirchner en esta causa. Para la OA, la asignación de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral no sólo tuvo por objetivo sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad, sino también ponerlos en cabeza del patrimonio de Báez, de modo tal de disimular que Cristina Fernández –y su difunto esposo Néstor Kirchner- resultaban los verdaderos dueños de esa colosal fortuna, lo que quedó demostrado con el re-ingreso de buena parte de esos bienes al patrimonio de los Kirchner en las causas “Hotesur y Los Sauces”.