La OA participó del Taller Regional sobre Responsabilidad de las Personas Jurídicas de ONU

La Oficina Anticorrupción (OA) expuso este jueves 26 de noviembre en el Taller Regional sobre la Responsabilidad de las Personas Jurídicas y la Adecuación de Sistemas de Cumplimiento Corporativo, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).


Esta actividad se realizó en el marco de la Plataforma Regional de Suramérica y México para la Aceleración de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) que tiene como fin apoyar el avance de la implementación de la CNUCC, en aras de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

El objetivo del taller fue sentar las bases para el desarrollo de un estudio comparado sobre los regímenes de responsabilidad corporativa adoptados por los países de la Plataforma Regional y los sistemas de cumplimiento establecidos.

Participaron del encuentro, más de 90 funcionarios, técnicos y expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, y Perú, quienes compartieron sus experiencias sobre la legislación adoptada por cada país en relación a la responsabilidad empresaria, incluyendo los desafíos, experiencias y buenas prácticas de cada jurisdicción.

En representación de la Argentina, el Subsecretario de Integridad y Transparencia (OA), Luis Villanueva compartió con funcionarios de México el panel Los elementos clave de un programa de cumplimiento corporativo donde presentó la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y los Lineamientos de Integridad, y compartió la experiencia de nuestro país, las buenas prácticas y los retos con respecto a la promoción de los programas de integridad en el sector privado.

En este sentido, Villanueva manifestó que “el aspecto preventivo de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas es en el cual pondremos mayor atención. Ofrece una gran oportunidad de articulación de los sectores público y privado para enfrentar la corrupción, particularmente en esa interfaz donde se cruzan y operan: las contrataciones públicas”.