Para la Oficina, “lo resuelto por el juez es desacertado, no se ajusta a derecho, menoscaba la garantía del debido proceso y causa un gravamen irreparable a los intereses de esta parte”. Estas declaraciones fueron solicitadas por la OA y por otros jueces en el marco de al menos 8 causas en las que la Oficina es querellante. Entre ellas, la causa por el enriquecimiento ilícito de José López y diversas investigaciones vinculadas al Grupo Austral, Lázaro Báez y Cristina Kirchner.

“Los fines del proceso deben ser logrados mediante el respeto de los procedimientos y la correcta aplicación de las leyes. La resolución que se apeló produjo un quiebre a esa legalidad, que debe ser reparada con la intervención de esa Cámara”, se sostiene en el escrito.

Y agrega: “la restricción impuesta por el juez de grado, que sostiene que las declaraciones de los imputados colaboradores sólo pueden ser utilizadas en el proceso en el que fueron prestadas, carece de todo fundamento jurídico, pues la ley es clara al señalar que la información que se aporte en este marco legal debe ser útil para “esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos…” (artículo 41 ter del Código Penal, según artículo 1° de la ley 27.304).”

Según el escrito presentado por la OA, está demostrado que la intención del legislador fue permitir que la información brindada por los imputados colaboradores al amparo de la ley 27.304 pueda ser utilizada en cualquier otro proceso judicial vinculado.

Además de perjudicar la labor de la OA, la decisión de Bonadio “también afecta el normal desarrollo de todos los procesos judiciales en los que se solicitó la información. Se afecta la legalidad en esta causa y en aquellas en las que se cursaron los requerimientos, porque se las priva de poder obtener prueba legítima de suma utilidad. En definitiva, también la administración de justicia es la que experimenta un agravio.”