La necesidad de una reforma judicial feminista para garantizar los derechos de todxs
La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, encabezada por Josefina Kelly Neila, realizó un balance de las políticas implementadas por el Estado para erradicar las violencias por motivos de género.
Las políticas de abordaje de las violencias del Estado Nacional se estructuran en torno al Plan Nacional de Acción contra las violencias por Motivos de Género 2022-2024, el segundo que se formuló desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y el cuarto en la historia de nuestro país.
Este Plan reafirma la perspectiva de abordaje integral de las violencias por motivos de género, que contempla el carácter estructural de las desigualdades y las violencias, y deja atrás los abordajes exclusivamente centrados en la emergencia. Además de las necesarias medidas de asistencia y protección de las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, se trabaja fuertemente en la promoción de derechos, la prevención y en el fortalecimiento del acceso a la justicia.
El objetivo primordial de estas políticas es profundizar la presencia del estado nacional en el abordaje integral de las violencias fortaleciendo la articulación con los gobiernos provinciales, locales y las organizaciones comunitarias.
Continuamos desarrollando estrategias, instrumentos y recursos para el abordaje de tipos y modalidades específicas de violencia por motivos de género, como es el abordaje de la violencia digital, de la violencias mediática, de la violencia económica y de la violencia política; profundizamos el apoyo y la articulación con organizaciones sociales y territoriales que trabajan con personas en situación de violencia de género; ampliamos el alcance de las políticas de prevención, abordaje y reparación en casos de femicidios, travesticidios y transfemicidios; y trabajamos fuertemente en políticas de reparación comunitaria frente a situaciones de violencias extremas.
Somos conscientes que necesitamos seguir profundizando y fortaleciendo las políticas públicas que venimos desarrollando y defender los derechos conquistados en materia de género y diversidad. Por eso, en esta oportunidad queremos hacer hincapié en el acceso a la justicia. Desde la creación del programa Acercar Derechos se abordaron más de 25.500 casos con los más de 50 equipos interdisciplinarios que cuentan con trabajadorxs sociales, psicólogxs y abogadxs en todo el país. En junio se cumplieron dos años de implementación de este Programa que asiste a personas que se encuentran atravesando múltiples tipos de violencia por motivos de género, entre ellas violencia psicológica en un 88,9% de los casos, violencia física en un 82,1%, violencia económica y patrimonial en un 62,3%, violencia simbólica en un 37,2% de los casos, y violencia sexual en un 23,4%. En un 79,9% de los casos, quienes ejercen violencia contra las mujeres y LGTBI+ asistidas por el PAD fueron las ex parejas, seguidas por la pareja actual en un 6,3%. Y en un 94,1% son varones quienes ejercen la violencia.
Asimismo, en el marco del aniversario del Programa se realizó un relevamiento de obstáculos para el acceso a la justicia para personas en situación de violencia sobre los casos abordados desde el programa.
En relación violencia física la mayoría de profesionales del programa - en preguntas con múltiples respuestas - dieron cuenta que en el 86% de los casos se detectaron demoras excesivas en la respuesta del sistema de administración de justicia. A su vez, en el 48% de los casos, se observa fragmentación de las causas y falta de comunicación entre los diferentes fueros y organismos judiciales. Otro de los aspectos relevados, fueron las medidas de protección. En el 66% de los casos, el otorgamiento demora más de 24 hs; y las que se dictan, no son efectivas.
Por otro lado, en relación al fortalecimiento del acceso a la justicia, el relevamiento da cuenta que el acompañamiento jurídico a través de los equipos del programa Acercar Derechos, redunda en el 74% de los casos, en incidencia en la actuación del sistema de administración de justicia, a través de la obtención de una respuesta acorde.
Por esto creemos fuertemente en la necesidad de una Reforma Judicial Feminista, que promueva un sistema de administración de justicia transparente, plural y diverso y que garantice los valores democráticos, el respeto y la protección de los derechos de todxs.
Por último y para mayor ilustración acompañamos la infografía de gestión que contiene los resultados de las principales medidas del PNA y la infografía del Programa Acercar derechos.