El Juzgado Federal de San Luis, a cargo del magistrado Juan Esteban Maqueda, dispuso este viernes 14 de julio la ampliación de la intervención a través de veedores de la ONG Remar, que se encuentra siendo investigada por situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales.

A través de un nuevo oficio, nro. 908, el Poder Judicial solicita a los veedores designados que se deberá tomar contacto con el Punto Focal respectivo de cada provincia en relación a la situación de las personas que solicitaron rescate durante esos allanamientos, así como relevar de manera urgente los casos de salud que requieran de atención. “Deberán articular en sus respectivas jurisdicciones la oportuna intervención de los organismos provinciales/nacionales de asistencia sanitaria, social y de protección, con el objeto de que cumplan con sus respectivos deberes en el ámbito de sus respectivas competencias y en función de la problemática que se verifique respecto de cada persona acogida en aquellos lugares que fueran objeto de los procedimientos, sin perjuicio de relevar asimismo, en el ámbito de sus competencias asistenciales, otros establecimientos no allanados e igualmente gestionados en sus respectivas jurisdicciones por la Asociación Civil REMAR”, sostiene el oficio.

El magistrado aclara además que “está pendiente la recepción de testimonios de presuntas víctimas; lo que determina la necesidad de garantizar que aquellas no sean intimidadas ni objeto de represalias por parte de las personas imputadas u otros encargados de los lugares y, al mismo tiempo, se les garantice el acceso a bienes y servicios esenciales”.

Asimismo, solicita a los veedores que se encuentran interviniendo las distintas sedes que informen “el estado de situación de los lugares, tanto de las víctimas como de eventuales responsables que puedan estar o no imputados en las actuaciones, e informar las medidas administrativas que se
adopten o correspondiera adoptar para el correcto funcionamiento de los lugares en consonancia con las normativas nacionales y provinciales vigentes”.

Agrega que “dichos deberes específicos deberán ser cumplidos sin perjuicio de la eventual oposición de quienes oficiaren como encargados o responsables de cada de establecimiento y debiendo reportar igualmente sobre el desempeño de estos últimos” y resalta “la extrema vulnerabilidad de las personas relevadas en los distintos establecimientos allanados”.

Cabe recordar que el martes 11 de julio se dispusieron 38 allanamientos simultáneos en las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuestos por el juzgado Federal de San Luis a diferentes sedes de la organización REMAR, que presuntamente asiste a personas en procesos de rehabilitación de adicciones y consumos problemáticos, víctimas de violencia de género y en algunos casos acogen a víctimas de trata rescatadas de operativos judiciales.

Luego de una larga investigación llevada adelante por el fiscal Federal Cristian Rachid y de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de PROTEX, operativizada por la Gendarmería Nacional, se detectaron fuertes indicios de que en dicha institución había situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales.