El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, recibió a la diputada nacional Vanesa Siley, al diputado nacional Walter Correa, a la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, y al Secretario General de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci. Estuvieron presentes también Jonathan Simón, Coordinador de Gestión ENRE, y Mara Rivera, de la Comisión Directiva de la APSEE.

En la reunión se analizaron las gestiones realizadas por los diputados y por el ENRE respecto de las operaciones inmobiliarias que la concesionaria de distribución de energía eléctrica EDESUR pretendió realizar sobre bienes afectados al servicio público, sin autorización del Ente Regulador, por un valor total de casi nueve millones de dólares.

En 2018, la empresa había iniciado un “Plan de Racionalización” que involucraba la venta de veinte inmuebles, por lo que el ENRE inició un procedimiento administrativo para recabar información sobre dichas operaciones y los diputados Vanesa Siley y Walter Correa ingresaron en la Cámara de Diputados un pedido de informes. A raíz de un pedido de amparo interpuesto por los diputados Siley y Correa, en abril de 2019 el ENRE intimó a la empresa a que se abstenga de vender los inmuebles de su propiedad afectados al servicio público.

En octubre de ese año, una auditoría contable detectó dos boletos de venta de inmuebles en las localidades de Avellaneda y Lomas de Zamora, referidos a operaciones por montos totales de u$d 2.700.000 y u$d 6.150.000, respectivamente; así como un boleto de compra de dos lotes en Lomas de Zamora, referido a una operación cuyo monto total era de u$d 900.000.

El 24 de junio de 2020, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a una cautelar solicitada por el ENRE para que la empresa se abstenga de la venta de los inmuebles hasta tanto contara con el permiso del Ente Regulador y para que se realizara una auditoria técnica que determinase la presunta innecesaridad de los inmuebles para el servicio público que brinda la distribuidora.

El ENRE tiene como mandato velar por el cumplimiento de las normas establecidas en los contratos de concesión realizados entre el Estado y las empresas distribuidoras y transportistas, por lo que le corresponde asegurarse de que acciones como la compraventa de inmuebles no perjudiquen el servicio público brindado por la concesionaria.