La formación de los operadores jurídicos, crucial para la mejora del servicio de justicia


Buenos Aires, 11 de octubre de 2019 - En un encuentro con decanas, decanos y autoridades académicas, del que participaron más sesenta universidades públicas y privadas, realizado ayer en la Sindicatura General de la Nación, la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica (DNRECASO) convocó a actores institucionales clave para realizar un repaso del camino recorrido, los logros y desafíos a futuro en el marco de reforma de la enseñanza del derecho.

A lo largo de la jornada se realizaron cinco paneles con representantes del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de universidades públicas: María del Carmen Ortega, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata; el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP): Martín Hevia, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella; la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU): Néstor Pan, presidente del organismo y Mónica Marquina, ex coordinadora del Programa de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU); y de la SPU: Agustina Peretti, directora ejecutiva del Programa de Calidad Universitaria y Silvia Mazza, coordinadora del Sistema Nacional de Docentes Investigadores (SiDIUN).

En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MJDH) participaron Martín Casares, jefe de Gabinete, Martín Böhmer director nacional de la DNRECASO, Silvia Iacopetti, directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Sabrina Santopinto, directora de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia y Ezequiel Nino, jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Esfuerzo conjunto de las carteras de Educación y Justicia

Martín Casares destacó la promoción de le mejora de la enseñanza del derecho “como una de las líneas de acción más ambiciosas, lindas y estratégicas de la gestión del Ministerio de Justicia”, al tiempo que remarcó que “no es posible cambiar los tribunales si no se acompaña la mejora de las de las prácticas en las que ustedes trabajan diariamente” –en alusión al trabajo realizado por las universidades-. Poniendo foco en la conformación de un nuevo paradigma que contemple una reforma integral de un sistema de justicia, más cercano a la gente, Casares enfatizó la necesidad de que “los futuros abogados se comprometan con las reformas judiciales, para una mayor legitimidad democrática” y que sería esperable poder continuar en esa dirección independientemente del gobierno en gestión.

En la misma línea, Martín Böhmer celebró como un logro el haber podido conformar “un ecosistema de actores viejos y nuevos que han establecido una política pública para la mejora en la formación de los operadores del derecho”. Böhmer indicó la importancia de poder incorporar en este proceso algunos elementos que tradicionalmente han quedado al margen de la práctica profesional, como la investigación, la profesionalización de revistas jurídicas, el desarrollo de destrezas adecuadas a nuevas demandas de la profesión y la capacitación de los cuerpos de asesores especializados en políticas públicas.

El trabajo que viene realizando el Ministerio de Justicia en el Eje de Justicia y Comunidad dentro del Programa de Justicia 2020, apunta a una mejora del servicio de justicia, no solo en lo que atañe al trabajo de tribunales y oficiales de justicia, sino fundamentalmente en poder acercar la justicia al ciudadano potenciando canales y habilidades de comunicación sobre temas judiciales. Al respecto, Silvia Iacopetti explicó el trabajo realizado a partir de la promoción del lenguaje claro, una técnica para que lo que comunica el Estado sea comprendido por los ciudadanos y que implica no solo el compromiso de una acceso a la información jurídica relevante, sino la obligación de expresarlo en forma clara y accesible para todos. Sabrina Santopinto hizo especial énfasis sobre la percepción del sistema de justicia de los medios – que en definitiva reflejan la percepción de los ciudadanos - y en la necesidad de restablecer una relación de confianza. El portal de Voces por la Justicia, ha trabajado en esa dirección de modo de llegar a la opinión pública de manera fácil y directa.

Por su parte, Ezequiel Nino, jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, fue el responsable de presentar el trabajo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), donde también ha habido un trabajo muy grande articulación con las facultades de derecho. “Hemos firmado convenios con 24 universidades para promover la asistencia jurídica a consultantes en los CAJ y las universidades se han integrado a la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito junto con los Colegios de Abogados y ONG”. Nino señaló que de un total de aproximadamente 350.000 consultas que reciben los CAJ, el 1% constituyen casos de patrocinio jurídico. “Este intercambio entre universidades y Estado ha dado respuesta a necesidades concretas de poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

Proceso de acreditación de la carrera de abogacía

En el marco de las reformas legislativas, el proceso de acreditación de la carrera de abogacía implementado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) -desde 2018-, ha tenido una incidencia muy importante en la apertura de las facultades a una revisión de los planes de estudio. María del Carmen Ortega, en representación del Consejo Permanente de Decanos celebró la buena disposición de las universidades al participar de la convocatoria del Programa de Formación en Áreas de Vacancia de la Abogacía del Ministerio de Justicia, pero destacó también “la necesidad de un acompañamiento presupuestario del Estado en este proceso”.

En representación del CRUP, Martín Hevia, coincidió en que el proceso de acreditación de la carrera de abogacía “nos ayudó a repensar los planes de estudios ante los importantes cambios normativos y el nuevo rol de los abogados”, al tiempo que destacó las líneas de trabajo propuestas por el MJDH en materia de ética profesional, investigación jurídica y práctica profesional.

En relación a la mejora en la formación de los profesionales del derecho, Néstor Pan, presidente de la CONEAU, dijo que a la fecha hay 220.000 estudiantes de abogacía entre las universidades públicas y privadas del país y el desafío es consolidar “la calidad en la masividad”. Pan destacó el rol de los pares evaluadores en el proceso de acreditación, que aporta a la evaluación un debate transparente y abierto, sumado al “criterio técnico burocrático”, que en conjunto sostienen la validez del proceso. Al respecto, Mónica Marquina, ex coordinadora del Programa de Calidad Universitaria de la SPU, realizó un recorrido sobre los hitos de la reforma de la enseñanza del derecho, en el marco del mapa de actores institucionales que han participado del proceso.

Marquina destacó que el proceso de acreditación garantiza que las universidades en un mismo acto habiliten a sus graduados a ejercer su profesión al tiempo que les otorga un título académico. Actualmente las facultades de derecho se encuentran en la instancia de evaluación de pares, a lo lo que le seguirá el plan de mejora, desde donde se plantearán los nuevos lineamientos para continuar con la mejora.

Agustina Peretti, directora ejecutiva del Programa de Calidad Universitaria de la SPU, adelantó algunas discusiones respecto a las mejoras previstas, que se concretarán con algunas líneas de financiamiento una vez finalizado en proceso de acreditación. Entre algunos apoyos puntuales se prevé el fortalecimiento de planes de estudio, el fomento de la actividad científica, el equipamiento y bibliografía, y la formación de recursos humanos académicos (becas de posgrado para docentes, mejor preparados).

Por su parte, Silvia Mazza, coordinadora del Sistema Nacional de Docentes Investigadores (SiDIUN) presentó algunas líneas institucionales para el fortalecimiento de la investigación, entre las que señaló el Programa de incentivos a los docentes investigadores; el Sistema nacional de docentes investigadores universitarios; el Programa de desarrollo de las I+D en las universidades; el Programa de inserción de doctores en las universidades y las becas de estímulo a las vocaciones científicas; entre otras iniciativas para fortalecer la formación en investigación y promover el nuevo sistema de categorización docente.