La Corte de Justicia y el Ministerio Público del Poder Judicial de la provincia de Catamarca adhirieron a la norma de los Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información, elaborada por la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Mediante la firma de dos actas-acuerdo, el organismo nacional, que depende de la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público, y los actores judiciales nombrados se comprometieron a trabajar para elevar los niveles de seguridad de sus activos de información.

“La ciberseguridad representa una prioridad de la Subsecretaria a mi cargo. La pandemia del COVID-19 ha puesta en la agenda la necesidad de políticas públicas en el área en todo territorio nacional, respetando nuestro sistema federal y la independencia de poderes”, sostuvo la Subsecretaria de Tecnología de la Información, Olga Cavallli.

Al respecto, el Director Nacional de Ciberseguridad, Gustavo Sain, dijo que “el trabajo articulado que promueve el gobierno nacional y la necesidad de elevar los estándares de ciberseguridad en todo el país nos sigue comprometiendo junto a otros poderes del Estado y otras juridiscciones a elevar los niveles de seguridad de los archivos y bases de datos de los ciudadanos y los servicios digitales que se brinda a los mismos en todo el país”.

El miércoles 8 de junio se firmó el primer acuerdo entre el Ministerio Público de Catamarca y la Dirección Nacional de Ciberseguridad, en la sede del Poder Judicial provincial. Allí estuvieron presentes Sain y el Procurador General, Tristán Lobo, los firmantes del convenio.

El segundo se firmó también en la sede del Poder Judicial, entre la Corte de Justicia de Catamarca y la Dirección Nacional de Ciberseguridad. La rúbrica se concretó el jueves 9 de junio entre la Ministra de la Corte, Fabiana Gómez, y Sain.

La rúbrica de los acuerdos, que se firmaron separadamente en San Fernando del Valle de Catamarca, se realizó en el marco del Artículo 10 de la Decisión Administrativa 642/2021. En el mismo se invita a los gobiernos provinciales, municipales, al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los poderes Legislativo y Judicial de la Nación a adherir a la medida, que apunta a elevar los estándares de seguridad de la información, y a promover una política pública que enmarque una conducta responsable en materia de ciberseguridad en los organismos estatales, sus agentes y funcionarios.