El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, recibió el anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en una reunión celebrada con la Comisión que lo redactó, formada por veintiún especialistas, que trabajó durante tres años.

Garavano afirmó que “es una necesidad imperiosa modificar un Código Procesal aprobado en 1968, que quedó desarticulado con la entrada en vigor en 2015 del nuevo Código Civil y Comercial.”

El ministro agradeció el enorme esfuerzo de los expertos de la Comisión, y remarcó que en “la Argentina solemos tener dificultades para trabajar en equipo, pero cuando logramos coordinar miradas y recibir aportes de distintos sectores logramos resultados muy importantes para el país”.

Héctor Chayer, coordinador de Justicia 2020 y de la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil que impulsa el Ministerio, expresó que “reformar el proceso civil es cambiar los resultados que la Justicia entrega a la sociedad. La gente debe poder ver al juez cara a cara, recibir una sentencia en plazos de unos pocos meses, y entender lo que sucede en el proceso judicial que la involucra.”

La Comisión Redactora del anteproyecto de nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación elaboró en 2017 las “Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial”. Este documento fue debatido a lo largo y ancho del país, y presentó los puntos de consenso para el anteproyecto. Se tuvo en cuenta también los notables resultados de la oralidad civil efectiva que ya se implementó en 15 jurisdicciones con la asistencia de este Ministerio, entre ellas, la justicia nacional en lo civil, como da cuenta la publicación “El camino hacia la oralidad en la justicia nacional civil”.

En la presentación al Ministro, los juristas María Lilia Gómez Alonso, Patricia Bermejo, Mario Kaminker y Eduardo Oteiza coincidieron en señalar que elaboraron un texto novedoso, no una reforma del código vigente, poniendo al usuario en el centro del sistema.
Por su parte, los expertos Jorge Peyrano, Mabel de los Santos y Roland Arazi, destacaron el clima de trabajo de la Comisión Redactora, mientras que Rubén Calcaterra hizo lo propio respecto al valor de la experiencia desde su perspectiva de la teoría del conflicto.

Asimismo, tomaron en cuenta la más moderna codificación procesal de Latinoamérica y de Europa, así como las experiencias de estos países en la implementación práctica de este tipo de reformas.
Entre los puntos más destacados del Proyecto está la centralidad puesta en el usuario del servicio de justicia, en el Juez como director del proceso y en su necesaria participación en las audiencias, y en los abogados como auxiliares para la solución del conflicto.

De igual forma, se incorpora la obligación de decir la verdad para las partes, la buena fe y lealtad no son sólo principios programáticos, sino que se los plasmó en normas operativas; así como la participación de amigos del Tribunal en los procesos civiles y comerciales como una forma de abrirse a la sociedad.

La oralidad efectiva, la dirección de las audiencias por parte de los jueces y la videograbación como registro, serán fundamentales para obtener procesos rápidos en cuestiones sencillas o urgentes y evitar largos juicios.

Además el texto incorpora el proceso monitorio, dando lugar a juicios muy simplificados si el requerido no plantea defensa; la eliminación del soporte papel y su reemplazo por el expediente electrónico. En tanto, presenta novedades como la simplificación de estructuras y de actos procesales y de las vías recursivas.

Con este nuevo paradigma se busca evitar procesos burocráticos en los que la actuación judicial termina siendo sólo lo que se presenta en un papel, asimilando el expediente al juicio, alejando al juez del conflicto y perdiendo de vista la solución de la controversia en el menor tiempo posible. El anteproyecto por su parte, asegura la participación activa del juez durante todo el proceso, dado que es crítica para la solución del conflicto.

Una vez aprobado, el nuevo Código regirá para todos los juicios civiles y comerciales de la ciudad de Buenos Aires y de los juzgados federales del interior del país. Juicios por accidentes de tránsito, desalojos, daños y perjuicios, malas praxis, cobros de facturas, reclamos por contratos incumplidos que tramiten en estos juzgados se verán alcanzados por una norma que prevé la intervención judicial de manera rápida y transparente.

Las “Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial” fueron difundidas en los más diversos ámbitos por la Comisión Redactora, y publicadas en la plataforma Justicia 2020. Fueron debatidas durante el año 2018 en el foro en línea y en reuniones mensuales abiertas los interesados, donde se recibieron más de 250 aportes. Simultáneamente, la Comisión Redactora celebró reuniones periódicas definiendo lineamientos para convertir las “Bases” en el texto normativo.

La Comisión Redactora está integrada por Roland Arazi, Patricia Bermejo, Rubén Calcaterra, Gustavo Calvinho, Hernán Calvo, Héctor M. Chayer, Mabel de los Santos, Agustina Díaz Cordero, María Lilia Gómez Alonso, Adrián Grassi, Pablo Grillo Ciocchini, Francisco Hankovits, Mario Kaminker, Ángela Ledesma, Juan Pablo Marcet, Eduardo Oteiza, Jorge Peyrano, Jorge Rojas, José María Salgado, Claudia Sbdar, y Andrés Soto.

Cuatro de sus integrantes Bermejo, Gómez Alonso, Kaminker y Oteiza formaron el equipo redactor, que reflejó en el articulado los consensos alcanzados; y otros seis expertos Arazi, de los Santos, Ledesma, Peyrano, Rojas, y Soto, formaron el equipo revisor, para ajustes y mejoras a los textos. En tanto, el reconocido procesalista uruguayo Santiago Pereira Campos, tuvo un papel fundamental como facilitador del proceso.

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