Se trata del caso de Graciela Ramos Rocha, de la provincia de Mendoza. Este acuerdo -que empezó a trabajarse durante el gobierno anterior- fue el primero que elevó la actual gestión de Derechos Humanos ante la CIDH y permite brindar una reparación de derechos para una familia que vivía en extremas condiciones de vulnerabilidad y había sido acusada de usurpación de domicilio.

Gracias al diálogo y la articulación entre Nación y el gobierno de Mendoza, el Estado argentino se comprometió a asegurar vivienda digna, inserción social y escolar, y acceso a la salud para el grupo familiar.

El mecanismo de solución amistosa del Sistema Interamericano es una herramienta basada en el diálogo y tiene como objetivo lograr acuerdos que permitan reparaciones integrales a víctimas de violaciones de derechos humanos.