La CIDH aprobó un acuerdo de solución amistosa impulsado por el Estado argentino

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el acuerdo de solución amistosa firmado en el mes de junio por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.


Se trata del caso de Graciela Ramos Rocha, de la provincia de Mendoza. Este acuerdo -que empezó a trabajarse durante el gobierno anterior- fue el primero que elevó la actual gestión de Derechos Humanos ante la CIDH y permite brindar una reparación de derechos para una familia que vivía en extremas condiciones de vulnerabilidad y había sido acusada de usurpación de domicilio.

Gracias al diálogo y la articulación entre Nación y el gobierno de Mendoza, el Estado argentino se comprometió a asegurar vivienda digna, inserción social y escolar, y acceso a la salud para el grupo familiar.

El mecanismo de solución amistosa del Sistema Interamericano es una herramienta basada en el diálogo y tiene como objetivo lograr acuerdos que permitan reparaciones integrales a víctimas de violaciones de derechos humanos.