El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que dirige Juan Cabandié, dispuso que la Brigada de Control Ambiental se desplace a Río Negro para realizar una inspección y evaluar el daño ambiental ocasionado en un área comprendida entre las estaciones de bombeo Medanito y Crucero Catriel, en la que se dio a conocer un siniestro que se presume que consiste en el derrame de hidrocarburos.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, aseguró: “Así como lo estipula la ley general del ambiente, el Ministerio tiene que estar dispuesto a acompañar rápidamente a las provincias frente a situaciones de riesgo ambiental como la que se acaba de presentar en Rio Negro”. “No solo dispusimos la gestión de la Brigada de Control Ambiental para evaluar los daños sino también la exigencia de reclamar el seguro ambiental obligatorio y, de existir, ejecutar la póliza correspondiente para que el daño no recaiga sobre el Estado y los ciudadanos”, indicó.

En tal sentido, se intimará a la empresa Oleoductos del Valle (Oldelval) a que presente la póliza del seguro ambiental obligatorio que la ley exige para llevar a cabo la prestación de sus servicios. La cartera de Ambiente nacional impulsa en todo el país el cumplimiento de lo establecido por la Ley 25675 —general del ambiente— en su artículo 22. Esto quiere decir que aquellas actividades riesgosas que potencialmente puedan conllevar un incidente ambiental deben contar con una garantía financiera para responder por los siniestros que la actividad pudiera causar. El objetivo es que los posibles pasivos ambientales generados se mitiguen por medio de este instrumento.

Además, Federovisky afirmó que si la compañía no contara con el mencionado seguro “se iniciarán las acciones legales correspondientes para que sea la empresa que provocó el daño la que remedie sus consecuencias y se haga responsable por lo ocurrido”.

Por último, el funcionario nacional explicó que “se inició hoy mismo un expediente administrativo con un sumario para establecer las responsabilidades que eventualmente puedan ser motivo de querella penal contra la empresa, para garantizar que se ejecuten todas las tareas correspondientes de remediación del daño ambiental”.