Presidencia de la Nación

La Argentina formalizó su adhesión al Acuerdo de Ciudad del Cabo ante la OMI

En una trascendente reunión, la Argentina, representada por la embajadora ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Mariana Plaza, presentó ante el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI) el instrumento de adhesión al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. Del encuentro participó además el Asesor Técnico de nuestro país, prefecto mayor Gabriel Alejandro Almada, integrante de la Representación Permanente Argentina ante ese organismo internacional.

Este acuerdo es reconocido como el tratado mundial en materia de seguridad para buques pesqueros, ya que establece estándares obligatorios para embarcaciones de más de 24 metros de eslora. Si bien ya se había alcanzado el número requerido de ratificaciones a nivel país, restaba superar el umbral de 3.600 pesqueros adheridos para iniciar la cuenta regresiva hacia su entrada en vigor, prevista 12 meses después de cumplido ese requisito. Esa condición quedó satisfecha con la incorporación de los buques argentinos declarados junto al instrumento de adhesión.

La entrada en vigencia del tratado favorecerá una actividad pesquera industrial más segura y sustentable, desarrollada en el marco de la legalidad y de los principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Su finalidad es fortalecer el control sobre las condiciones de seguridad de los buques por parte de los Estados del pabellón, rectores del puerto y ribereños. Asimismo, se espera que contribuya a reducir la contaminación marina ocasionada por plásticos provenientes de redes y otros artículos de pesca abandonados.

Con este paso, la Argentina se integra plenamente al régimen internacional de seguridad para la flota pesquera y contribuye a la puesta en vigencia de un pacto considerado clave por la OMI para mejorar no solo las condiciones operativas de las embarcaciones, sino también la protección de sus tripulaciones, tras casi quince años de espera para su entrada en vigor.

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