"La política tiene la responsabilidad de construir grandes consensos que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerados. Hoy dimos un paso fundamental para consolidar una política de Estado que se sostenga y se profundice en el tiempo, para construir un país donde ningún niño o niña crezca sin acceso a derechos básicos como tener agua potable”, explicó Fernanda Miño, actual secretaria nacional de Integración Socio Urbana y presidenta del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

La actualización prorroga la suspensión de los desalojos por diez años, refrenda la actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) aprobada por decreto el año pasado, declara la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental e incorpora la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de lotes con servicios, entre otros temas.

La Ley sancionada en el 2018 permitió la declaración de interés público de la integración socio urbana y la creación de un fideicomiso como instrumento para lograrlo: el Fondo de Integración Socio Urbana que se constituyó en el año 2020 y está compuesto principalmente con financiamiento del Aporte de las Grandes Fortunas y del Impuesto PAIS.

“El próximo paso será garantizar un fondeo plurianual que otorgue continuidad a las obras que se están realizando en más de 700 barrios y las nuevas que vendrán. Somos conscientes que no alcanza solo con la integración social y urbana de nuestros barrios, para poder tener el país digno y feliz que queremos pero también es cierto que sin esa transformación, aquella Argentina será imposible”, agregó Miño.

Actualmente la Secretaría a su cargo está ejecutando obras de urbanización en 747 barrios populares y desarrollando la línea de financiamiento Mi Pieza que ya alcanzó a 173.000 familias de todo el país. Con una inversión nacional que supera los 165 mil millones de pesos, la SISU desarrolla ambas líneas de trabajo y también la creación de lotes con servicios con la que ya tiene 50 proyectos en marcha.

“Hoy las obras llegaron a los barrios y cuando llega la SISU los compañeros ya no lo miran con desconfianza porque esta experiencia permite también que la gente vuelva a creer en la política, la política que transforma. No es sólo una ley, es una política pública que garantiza derechos, es garantizar tierra, techo y trabajo, que es algo que militamos todos los días. Tierra, garantizar tener un pedazo de tierra donde construir y vivir; techo, para garantizar los derechos básicos, el agua, la luz; y trabajo porque esto permitió que cerca de 150.00 puestos de trabajo sea un hecho”, expresó la diputada Natalia Zaracho, cartonera y vecina de un barrio popular, al cierre del debate.